La portavoz del PP denuncia contactos entre el PSOE y redes delictivas para influir en la investigación al hermano de Sánchez
La portavoz parlamentaria del Partido Popular, **Ester Muñoz**, ha acusado este lunes al ministro de Justicia, **Félix Bolaños**, de cruzar un límite institucional al supuestamente orquestar maniobras desde el Gobierno para presionar a una magistrada en Badajoz. Según Muñoz, estas acciones habrían involucrado a redes delictivas vinculadas al **Partido Socialista** para intentar coaccionar a la jueza que investiga a **David Sánchez**, hermano del presidente del Gobierno, **Pedro Sánchez**.
Muñoz ha calificado estos hechos como «un ataque sin precedentes» contra la independencia judicial, aludiendo a que «nunca habíamos visto a partidos de gobierno intentando corromper a mafias». La acusación se enmarca en un contexto de creciente tensión institucional, donde el PP lleva meses denunciando supuestas injerencias políticas en causas judiciales sensibles, como la que investiga los presuntos delitos de **David Sánchez** —imputado por presunta malversación y tráfico de influencias—.
La magistrada afectada, cuya identidad no ha sido revelada para proteger su integridad, investiga una trama vinculada a contratos públicos en Extremadura. El PP exige una investigación independiente sobre estos presuntos contactos, mientras el Gobierno aún no ha respondido públicamente a las acusaciones. La **Fiscalía General del Estado** y el **Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)** podrían verse obligados a actuar si se confirman indicios de obstrucción a la justicia.
Esta no es la primera vez que el PP acusa al Gobierno de interferir en causas judiciales. En 2025, la oposición denunció presiones sobre jueces en casos como el de los **EREs** (préstamos públicos a empresas) o la **Operación Malaya**, aunque ninguna investigación penal llegó a confirmar estas alegaciones. Sin embargo, el caso actual adquiere mayor gravedad al implicar, según Muñoz, una estrategia activa de «coacción» desde el poder político hacia redes delictivas, algo que el PP presenta como un «nuevo nivel de impunidad».
El **Congreso de los Diputados** podría abrir un debate sobre estos hechos, especialmente si el PP logra presentar pruebas documentales. Mientras, la **Comisión de Justicia** del Parlamento ya ha solicitado al Ministerio de Justicia aclaraciones sobre la gestión de casos con posibles conflictos de interés. La respuesta del Gobierno será clave para determinar si esta acusación escalará a una crisis institucional.
