Más de una decena de furgones policiales custodian el portal ante la protesta de cientos de acampados
Un amplio despliegue de la Policía Nacional custodia este miércoles el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado del operativo desplegado ante la vivienda de Maricarmen, una vecina de 87 años con orden de desalojo. Fuentes del organismo estatal recalcaron que los agentes actúan exclusivamente bajo mandato judicial y manifestaron su rechazo explícito a la ejecución del lanzamiento.
La llegada de la comisión judicial está fijada a partir de las 9:30 horas para materializar el cuarto intento de desalojo de la anciana en el distrito de Retiro. Cientos de personas han pasado la noche acampadas al raso frente al inmueble para frenar la entrada de la comitiva. Más de una decena de vehículos policiales permanecen apostados en las inmediaciones en un ambiente descrito como de «calma tensa» por testigos presenciales.
Las competencias sobre el auxilio judicial corresponden a las fuerzas de seguridad cuando un juzgado emite un requerimiento directo. En estos supuestos, los mandos policiales deben facilitar el acceso a los funcionarios del juzgado sin margen de discrecionalidad política para suspender la diligencia. La Delegación del Gobierno, que representa al Ejecutivo central en la comunidad autónoma, carece de atribuciones para revocar mandatos de los tribunales civiles.
El caso evidencia la fricción institucional recurrente entre los órganos judiciales encargados de hacer cumplir resoluciones hipotecarias o de arrendamiento y las administraciones públicas. Las plataformas de apoyo vecinal concentradas en la calle reclaman la paralización definitiva de la expulsión debido a la edad avanzada y la vulnerabilidad de la afectada. Mientras tanto, la resolución del caso depende de la decisión de la comisión judicial desplazada a la zona.
