La polémica por la ocupación de la plaza Virgen de los Reyes escaló a los tribunales con una denuncia por prevaricación contra Junta, Ayuntamiento y Diputación
El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía pagaron 18.029 euros cada uno —sumando 36.058 euros— por organizar una cena de gala privada en la plaza Virgen de los Reyes, un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad, para celebrar el 20º aniversario de la revista Escaparate. El evento, al que asistieron el alcalde José Luis Sanz (PP) y el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), cerró la plaza al público y generó una denuncia penal por prevaricación y malversación presentada por el partido Iustitia Europa.
La ordenanza municipal prohíbe expresamente la ocupación de la plaza Virgen de los Reyes para eventos, pero el Ayuntamiento argumenta que la organización corrió a cargo de su empresa pública Contursa SA, que firmó un convenio con la revista. La Junta, por su parte, abonó su parte a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte, dependiente de la Consejería de Turismo —dirigida por Vox—, sin explicar públicamente los motivos de la concesión.
La oposición en Sevilla —PSOE y Con Podemos-IU— denunció la «privatización» del espacio histórico y exigió el expediente completo, mientras que Adelante Andalucía ya había alertado al Consejo Internacional de Monumentos (Icomos) por la ocupación. La denuncia de Iustitia Europa señala que el evento, con 400 asistentes y estructura fija, incumple la normativa que protege el entorno de la Giralda.
El Ayuntamiento justifica la excepción por el «reconocimiento» que la revista da a la ciudad, pero no ha especificado qué artículos de la ordenanza permiten la ocupación. La portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, acusó al alcalde de «prevaricación» y exigió depurar responsabilidades, vinculando el caso con el «modelo de ciudad» que, según su partido, beneficia a empresarios mientras margina a la ciudadanía.
La Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, desmintió cualquier implicación en el evento, que se celebró el 17 de septiembre. La polémica refleja tensiones por el uso de espacios públicos emblemáticos, especialmente tras el secuestro de la Plaza de España para el festival Icónica, criticado por ambos partidos de la oposición.
