La secretaria de Estado de Migraciones lidera el reclutamiento de nuevos españoles en América Latina desde su incorporación al grupo político vinculado al castrismo y chavismo
Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, se convirtió en el 16 de febrero de 2022 en el eslabón español del Grupo de Puebla, una red internacional que agrupa a líderes progresistas y regímenes autoritarios como el cubano, venezolano y nicaragüense. Su incorporación como secretaria de Estado de Cooperación Internacional —y máxima responsable del PSOE en el exterior— coincidió con la aceleración de la ley de nietos, que amplió la nacionalidad española a bisnietos y tataranietos de exiliados, desbordando el exilio exigido por la ley.
Cancela, arquitecta de la interpretación expansiva de la instrucción de Sofía Puente —que abrió la puerta a millones de nacionalizaciones—, ya había iniciado en febrero de 2022 una gira por Colombia y Bolivia en su doble rol: como representante del Gobierno de José Manuel Albares y como responsable del PSOE Exterior. En Colombia, contactó con organizaciones vinculadas a agendas feministas y afrodescendientes, mientras en Bolivia se reunió con el presidente Luis Arce, miembro del Grupo de Puebla. Tres meses después, José Luis Rodríguez Zapatero —otro pilar del grupo— visitó Bolivia para reunirse con Arce y el expresidente Evo Morales, con quien Baltasar Garzón ya había mediado en 2019 para transmitirle el apoyo de Zapatero a su reelección.
El Grupo de Puebla, descrito por el politólogo Sebastián Grundberger como una plataforma para legitimar narrativas de izquierda democrática y regímenes autoritarios, explicó en su web que Cancela se unía para afianzar relaciones con América Latina y promover promover diálogos entre líderes progresistas. Su incorporación coincidió con los preparativos para la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, donde la ley de nietos —aprobada en octubre de 2022— se camufló como una medida de reparación histórica, aunque su alcance real superó el exilio y generó un millón de nuevos presuntos españoles, especialmente en Argentina.
La conexión entre Cancela y la expansión de la ley quedó clara en octubre de 2022, cuando Sofía Puente —entonces directora general de Seguridad Jurídica— cambió su criterio inicial y permitió nacionalizar a descendientes sin exilio. Según Juan Manuel de Hoz, de la asociación CeDEU, el giro se debió a «presión política» del PSOE, con Cancela como figura clave. Pilar Cancela hizo primar la decisión política, admitió De Hoz, tras señalar que las asociaciones trabajaron con «responsables políticos del PSOE» para revertir la postura inicial de los técnicos.
Argentina, con un millón de nuevos presuntos españoles, es el epicentro de este proceso. Cancela nombró en octubre de 2024 a Joaquín Arístegui como embajador en Buenos Aires, un cargo estratégico en plena expansión de la ley. Mientras, Baltasar Garzón —condenado en 2012 por prevaricación— actúa como puente jurídico entre el Grupo de Puebla y los regímenes latinoamericanos, completando el triángulo español junto a Zapatero y Cancela.
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