El Gobierno admite que no ha empezado a tramitar traslados para los niños llegados el 30 y 31 de julio, mientras Vivas rechaza acuerdos voluntarios y Feijóo evita interlocución directa con Sánchez
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, acusó este martes al PP y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de obstaculizar el reparto de 3.000 menores no acompañados que siguen en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de julio. Fuentes del Gobierno confirmaron que la Delegación en Ceuta no ha iniciado aún las propuestas de ubicación para estos menores, pese a que el Real Decreto de 2025 obliga a trasladarlos fuera de la comunidad una vez identificados.
El retraso se debe a que las autonomías gobernadas por el PP —y Ceuta— rechazan acuerdos voluntarios para repartir a los menores, según Torres. El ministro insistió en que 6.791 migrantes adultos ya han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, pero criticó que Feijóo no ha roto sus pactos con Vox para agilizar soluciones. «¿Quieren ayudar a Ceuta? Que los menores vayan a sus comunidades», exigió Torres, quien también denunció que el PP participará en una manifestación este fin de semana bajo el lema «En defensa de España», en lugar de buscar consensos.
Mientras, Vivas argumentó que el reparto voluntario generaría un «efecto llamada» y que el Gobierno no ha llamado aún a Feijóo para coordinar. El presidente ceutí mantiene conversaciones diarias con Torres, pero no ha hablado con Sánchez desde el 31 de julio. El Ejecutivo, por su parte, admitió que Ceuta no bloquea los traslados de menores llegados antes del 30 de julio, pero sí critica que las autonomías del PP cumplen solo por obligación legal el mecanismo extraordinario de 2025.
Este miércoles, el Congreso debatirá la crisis en una sesión de control con diez preguntas a cuatro ministros. Torres subrayó que 2.321 menores siguen en Ceuta (frente a los 2.048 de la semana pasada), mientras el mando único reduce a 500-700 los que duermen en la calle —antes se hablaba de 700-1.000—. La identificación de adultos irregulares subió un 40% en una semana, hasta 2.546 triajes.
El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno y el PP por la gestión de la crisis, con Sánchez sin interlocución directa con Feijóo y Vivas alineado con la postura de Génova. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, exigió a Feijóo que rompa sus acuerdos con Vox en materia de menores, acusándolo de alimentar la polarización.
