El Ayuntamiento inicia inspecciones en la Rambla tras denuncias de Aliança Catalana y gira 180 grados respecto a su postura anterior
El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado hoy inspecciones en comercios de la Rambla para verificar el cumplimiento de la normativa lingüística, que obliga a rotular en catalán, y abre la puerta a sanciones de hasta 10.000 euros por incumplimiento. La medida, confirmada por el consistorio, llega tras años sin controles activos y marca un giro radical respecto a la política anterior del alcalde, Jaume Collboni, que hasta hace semanas defendía solo campañas de sensibilización.
La decisión responde directamente a las más de 2.000 denuncias presentadas en julio por Alianza Catalana, partido que exige al Ayuntamiento actuar contra los establecimientos que no cumplen con la ley. El presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, acusó hoy al consistorio de cambiar de postura y criticó que «Orrios señala a los comercios que rotulan en castellano y Collboni los sanciona«. Sirera recordó que, hace solo semanas, el alcalde defendía informar y sensibilizar en lugar de sancionar, pero ahora el Ayuntamiento ha activado expedientes que podrían derivar en multas.
La normativa aplicable es el Código de Consumo de Cataluña, que establece obligaciones lingüísticas para comercios y hostelería. Las sanciones por incumplimiento leve pueden alcanzar los 10.000 euros, según confirmó el Ayuntamiento, que aclaró que los primeros controles en la Rambla no son solo informativos, sino inspecciones formales. A partir de 2027, estas comprobaciones se integrarán en los controles rutinarios municipales.
El PP propone ayudas en lugar de sanciones, como traducción gratuita de menús o formación lingüística para empleados. Daniel Sirera defendió que «un comercio que rotula en castellano no es un enemigo de Barcelona» y criticó que el Ayuntamiento «señala y castiga» en vez de facilitar el cumplimiento. El sector comercial, aunque respalda los controles, pide primero una campaña informativa antes de abrir expedientes.
El giro municipal contrasta con la inacción previa: el Ayuntamiento reconoció que nunca había sancionado incumplimientos lingüísticos hasta ahora. La medida, que afecta directamente a 2.000 comercios denunciados por Alianza Catalana, podría escalar si se detectan más casos en otras zonas de la ciudad.
