El Gobierno de Sánchez enfrenta críticas por su gestión en la ciudad autónoma, pero la oposición evita profundizar en el tema durante el pleno de la próxima semana
La crisis migratoria en Ceuta ha irrumpido en el Parlamento andaluz, donde la izquierda ha intentado evitar que se trate abiertamente la situación. Aunque el tema fue uno de los principales en el último pleno, fuentes parlamentarias confirman que volverá a ser clave en la sesión de la próxima semana.
El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un escenario de presión política tras la acumulación de migrantes en Ceuta, una ciudad autónoma con una capacidad limitada para gestionar el flujo. La decisión de no abordar el tema en profundidad en Andalucía refleja tensiones internas entre partidos que, pese a sus diferencias, coinciden en evitar un debate que podría exponer divisiones sobre cómo actuar.
Ceuta, con una población de alrededor de 85.000 habitantes, ha visto cómo su capacidad de acogida se ha visto superada en las últimas semanas. Según datos oficiales, la ciudad ya alberga más de 1.000 migrantes adicionales a los que puede gestionar de manera estable, una cifra que ha disparado las alertas en el ámbito local y nacional. La gestión de esta crisis, en manos del Gobierno central, se ha convertido en un punto de fricción política, especialmente en regiones como Andalucía, donde la oposición teme que un debate público profundice en las críticas hacia Sánchez.
El próximo pleno andaluz podría ser decisivo. Si los partidos de izquierda mantienen su postura, el tema quedará relegado a declaraciones puntuales, sin un análisis detallado que permita evaluar las medidas adoptadas hasta ahora. Mientras, en Ceuta, la presión social y mediática sigue creciendo, con voces que exigen soluciones urgentes y un mayor control en las fronteras.
La situación en Ceuta no es aislada. En los últimos meses, otras ciudades autónomas como Melilla han enfrentado desafíos similares, aunque con menor impacto mediático. La gestión de la migración irregular se ha convertido en un tema recurrente en la agenda política española, con el Gobierno de Sánchez en el punto de mira por su capacidad —o falta de ella— para coordinar una respuesta efectiva.
