El presidente del Gobierno usa la Asamblea General para alertar de la crisis humanitaria en la ciudad autónoma, en un contexto de tensiones con Marruecos y la UE
Pedro Sánchez ha utilizado su intervención en la Asamblea General de la ONU en Washington para situar la crisis migratoria en Ceuta como un problema global, vinculándolo a lo que califica de «uso instrumental de la migración como arma política».
El presidente del Gobierno ha centrado su discurso en la situación de Ceuta, donde la llegada masiva de migrantes —más de 10.000 en lo que va de año, según datos del Ministerio del Interior— ha colapsado los recursos locales. Sánchez ha advertido de que esta crisis no es solo española, sino un desafío para la estabilidad del Mediterráneo occidental, donde países como Marruecos y Argelia actúan como «puertas de entrada» controladas por intereses geopolíticos.
La intervención llega en un momento clave: la UE debate este mismo mes un paquete de medidas para reforzar Frontex y las rutas legales de asilo, pero sin consenso sobre cómo abordar el flujo irregular desde el norte de África. Sánchez ha instado a la ONU a presionar para que Marruecos —país con el que España mantiene tensiones por la gestión de la frontera— asuma su responsabilidad en el control migratorio, algo que Rabat rechaza desde hace meses.
El contexto político es explosivo: el PP y Vox exigen a Sánchez que declare el estado de emergencia en Ceuta, mientras el Gobierno insiste en que la solución pasa por un acuerdo europeo. La ONU, por su parte, ha incluido la crisis en su agenda de derechos humanos, pero sin un plan concreto para actuar.
Lo que está en juego no es solo la gestión de la frontera, sino la credibilidad de España como actor en la UE. Si la ONU no responde con medidas urgentes, el riesgo de que la crisis se extienda a Melilla —otro punto caliente— aumentará. Sánchez ha dejado claro que, sin presión internacional, el Gobierno no podrá evitar que Ceuta se convierta en un símbolo de la fragilidad de Schengen.
Durante la sesión, el presidente del Gobierno también sostuvo una reunión privada con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, donde se discutieron posibles mecanismos de cooperación para reforzar la gestión de la frontera y garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes.
