La ministra de Sanidad acusa al Gobierno regional de sectarismo y activa la Abogacía del Estado para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública
Mónica García, ministra de Sanidad, ha denunciado este lunes que la Comunidad de Madrid incumple la ley al no avanzar en la creación del registro de objetores de conciencia, mientras el 99% de los abortos en la región se realizan en centros privados. La ministra ha anunciado que el Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Abogacía del Estado que exija el cumplimiento de las medidas cautelares judiciales para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
García presentó una campaña para combatir los juicios morales alrededor del aborto y reivindicar el derecho a una atención sanitaria respetuosa. «No hay una sola forma de vivir el aborto», subrayó, destacando que «todas las mujeres merecen respeto», independientemente de sus emociones. La campaña también interpela a los profesionales sanitarios para que garanticen este derecho, exigiendo formación, recursos y circuitos claros.
El problema en Madrid es grave: a 1 de septiembre, el registro de objetores sigue sin crearse, a pesar de ser una obligación legal. Según datos de 2024, casi el 80% de los abortos en España se realizan en centros privados, y en Madrid ese porcentaje supera el 99%. García acusó al Gobierno regional de usar el «sectarismo» para obstaculizar un derecho reconocido por la ley.
La ministra recordó que la objeción de conciencia es un derecho individual, pero debe organizarse sin bloquear el acceso al aborto. «La sanidad pública debe estar preparada para atenderte en todos los casos», insistió, incluyendo la interrupción del embarazo. El Ministerio ya ha activado a la Abogacía del Estado para presionar a Madrid y cumplir las sentencias judiciales que obligan a garantizar este servicio.
El aborto en España está regulado por la Ley Orgánica 2/2010, que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Sin embargo, su aplicación depende de cada comunidad autónoma, lo que genera desigualdades. Mientras algunas regiones como Cataluña o País Vasco tienen una red pública consolidada, otras como Madrid dependen casi exclusivamente de la sanidad privada, lo que encarece el procedimiento y limita el acceso.
