El Gobierno español insiste en Bruselas con una petición de 40 años pendiente, mientras socios como Francia, Italia y Lituania rechazan vincularla a la incorporación de nuevos países
Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea, ha vinculado este martes en Bruselas la ampliación de la UE a la oficialización del catalán, gallego y euskera como lenguas del bloque comunitario, una demanda que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva tres años defendiendo y que choca con el veto de socios como Francia, Italia o Lituania. La petición, presentada como un reclamo histórico de justicia lingüística para los 20 millones de ciudadanos europeos que viven en territorios con más de una lengua oficial, fue debatida durante solo 10 minutos en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, sin avances concretos.
Sampedro advirtió que España no aceptará que otras lenguas se incorporen al listado oficial de la UE antes que las lenguas cooficiales españolas, un plazo que, según sus palabras, podría cumplirse «antes de que se incorporen otros Estados miembros». El coste estimado de esta oficialidad —132 millones de euros anuales, según un informe de la Comisión Europea— sería asumido íntegramente por España, que argumenta que no requiere modificar los Tratados europeos, al igual que ocurre con el árabe en Naciones Unidas.
La respuesta de Bruselas fue clara: la presidencia irlandesa del Consejo de la UE descartó cualquier avance en el corto plazo. «No hay ninguna posibilidad» de que prospere el reclamo, aseguraron fuentes del Ejecutivo irlandés, mientras Lituania tachó de «inaceptable» condicionar la ampliación de la UE a este debate. La ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, fue más allá: «Son dos cuestiones distintas que no se pueden mezclar», subrayando que la ampliación de la UE y el reconocimiento lingüístico son procesos independientes.
Alemania, por su parte, pidió evitar «bi lateralizar» la integración europea y reiteró las dudas jurídicas de algunos países sobre cómo encajar nuevas lenguas oficiales sin reformar los Tratados. Sampedro, sin embargo, insistió en que no existen obstáculos legales, técnicos ni financieros para avanzar. «No hay motivos que justifiquen seguir discriminando a 20 millones de europeos», declaró, cuestionando si las reticencias de algunos socios son «dudas» o «excusas» para no abordar la petición.
El debate, aunque breve, revivió una tensión diplomática latente. Mientras el Gobierno español apuesta por una solución rápida —incluso antes de que nuevos países se unan a la UE—, los socios europeos mantienen posturas cerradas. Francia e Italia, históricamente reacios a ampliar el catálogo de lenguas oficiales, no han mostrado disposición al diálogo, y la presidencia irlandesa, aunque neutral, no ha dado señales de flexibilidad.
El contexto: una demanda de 40 años y un pacto con Junts
La petición de reconocer el catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales de la UE no es nueva. España la lleva reclamando desde la adhesión del país al bloque comunitario en 1986, cuando solo el castellano fue reconocido como lengua oficial. El Gobierno de Sánchez ha convertido este tema en una prioridad desde su investidura en 2023, en parte por el acuerdo con Junts per Cataluña, que incluyó este punto como condición para su apoyo parlamentario.
El catalán, gallego y euskera ya son lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas —Cataluña, Galicia y País Vasco—, pero su estatus en el ámbito europeo sigue siendo el de «lenguas regionales o minoritarias», sin los mismos derechos que el francés, alemán o italiano. La UE ya reconoce 24 lenguas oficiales, aunque solo 11 son «lenguas auténticas de los Tratados» (inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, portugués, español, griego, checo, estonio y letón). El resto, como el sueco o el danés, tienen un estatus intermedio.
El ejemplo que esgrime el Gobierno es el de Bélgica, donde el neerlandés, francés y alemán son lenguas oficiales sin necesidad de modificar los Tratados. «En Naciones Unidas el árabe es lengua de trabajo y no está en la Carta Fundacional», recordó Sampedro, comparando el caso con la situación europea. Sin embargo, la Comisión Europea ya advirtió en 2022 que incorporar nuevas lenguas oficiales podría generar costes adicionales en la traducción de documentos y en la interpretación, aunque España se ha ofrecido a asumirlos.
Las implicaciones: ¿un filtro político para la ampliación?
La estrategia de Sánchez de vincular el reconocimiento lingüístico a la ampliación de la UE ha generado rechazo en varios frentes. Lituania, uno de los países candidatos a unirse al bloque, ha sido el más contundente: «Condicionar la ampliación a este debate es inaceptable», declaró su representante en Bruselas. Este tipo de enlaces, según analistas, podrían desincentivar a otros países a solicitar su adhesión, especialmente si perciben que su incorporación dependerá de temas internos de Estados miembros.
Por otro lado, el debate refleja las tensiones internas de la UE sobre la diversidad lingüística. Mientras algunos países ven en la oficialización de nuevas lenguas un avance democrático, otros temen que abra una «caja de Pandora» de peticiones similares. Suecia y Alemania, por ejemplo, han advertido de que cualquier cambio en este ámbito debería analizarse con rigor técnico y jurídico, evitando que se convierta en un «negocio político» entre Estados miembros.
Para el Gobierno español, sin embargo, el tema trasciende lo lingüístico: se trata de un reconocimiento a la identidad de millones de ciudadanos. «No es solo una cuestión de justicia, sino también de cohesión europea», argumentó Sampedro. La presión sobre Bruselas, no obstante, se enfrenta a un muro: la unanimidad requerida para modificar el catálogo de lenguas oficiales hace casi imposible un avance rápido, especialmente con socios como Francia e Italia en postura de bloqueo.
Mientras, la ampliación de la UE sigue su curso con otros países candidatos, como Ucrania, Moldavia o los Balcanes Occidentales. La Comisión Europea ha advertido en repetidas ocasiones que el proceso podría ralentizarse si no se resuelven las divisiones internas, y el reconocimiento de nuevas lenguas oficiales no parece ser una prioridad para la mayoría de los Estados miembros. Para Sánchez, sin embargo, este tema sigue siendo una «cuestión de principio» que no está dispuesto a dejar atrás.
