Francisco de Jorge incluye delitos de tortura y daños en barcos españoles y ordena diligencias para identificar autores israelíes
El juez Francisco de Jorge ha ampliado la investigación por el abordaje israelí a la Flotilla Global Sumud en octubre de 2025, incluyendo ahora delitos de torturas y daños en barcos de bandera española. La decisión, adoptada tras estimar parcialmente recursos de Izquierda Unida y el Partido Comunista, extiende la competencia judicial a hechos ocurridos en embarcaciones españolas y ordena identificar a posibles responsables israelíes.
El magistrado, que ya admitió en julio querellas contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Ramatcal Eyal Za mires, y el comandante naval Ram Romberg, ahora incorpora torturas y daños como delitos investigables. Según el auto, los hechos ocurrieron en alta mar, a 70 millas de la costa, donde tropas israelíes abordaron seis barcos españoles, privando de libertad a sus tripulantes —algunos de ellos españoles— y trasladándolos al centro de detención de Ketziot, donde se denunciaron torturas sistemáticas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso inicialmente a ampliar la investigación, argumentando que los delitos no se cometieron en barcos españoles. Sin embargo, De Jorge fundamentó su decisión en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece la jurisdicción española sobre embarcaciones de pabellón nacional en alta mar. El juez también ordenó diligencias para identificar a los autores de posibles torturas cometidas en buques israelíes o centros de detención en territorio israelí, aunque no declaró aún su competencia para investigarlos.
El caso se enmarca en una querella presentada por Izquierda Unida y el PCE, que denunció inicialmente delitos de piratería, detención ilegal y torturas. La investigación se basa en testimonios de activistas y tripulantes, algunos de ellos españoles, que relataron abusos durante el abordaje y la detención. El juez comparó el caso con el secuestro del pesquero Alakrana por piratas somalíes en 2009, donde también se aplicó la jurisdicción española.
La ampliación de la investigación podría tener implicaciones políticas, dado el contexto de tensiones entre España e Israel. Mientras, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional será consultada sobre su posible competencia en el caso.
