El TC inicia esta semana las deliberaciones sobre un fallo que el propio Supremo calificó de ‘desafío interpretativo’ para evitar aplicar la ley de indulto a los líderes independentistas
El Tribunal Constitucional (TC) iniciará esta semana las deliberaciones sobre el recurso que podría anular la sentencia del Tribunal Supremo que denegó la amnistía a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas condenados por el proceso del 1-O. La Sala de lo Penal del Supremo, con cinco magistrados, rechazó aplicar la ley de amnistía aprobada en 2023, argumentando que los hechos por los que fueron condenados —malversación y rebelión— no encajaban en su finalidad. Sin embargo, la magistrada Ana Ferrer firmó un voto particular en el que acusó a sus compañeros de ‘derogar de facto’ la ley mediante una interpretación restrictiva.
La decisión del Supremo, calificada por sus propios magistrados como un ‘desafío interpretativo’, se basó en una ficción legal: sostener que los condenados se enriquecieron al organizar el referéndum del 1-O. Esta interpretación, que contradecía la exposición de motivos de la ley —que buscaba evitar la división social y política—, fue la que ahora el TC podría corregir. Según el texto fuente, el alto tribunal tiene previsto iniciar sus deliberaciones esta misma semana.
El contexto: una ley de amnistía con un objetivo político claro
La ley de amnistía de 2023 fue aprobada con el apoyo de Junts per Cataluña y Ezquerra Republicana para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Su exposición de motivos dejaba claro que su finalidad era ‘evitar la división social y política’ y ‘recuperar la convivencia’ en Cataluña. Sin embargo, el instructor del caso, Pablo Llarena, y cinco magistrados del Supremo —Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Andrés Palomo— interpretaron que los hechos por los que fueron condenados los líderes independentistas (malversación y rebelión) no estaban cubiertos por la amnistía.
Esta interpretación, que ha sido calificada como ‘ficción’ por el propio texto fuente, se centró en el argumento de que los condenados se beneficiaron económicamente del proceso independentista. Una tesis que contrasta con el consenso político que llevó a la aprobación de la ley, donde partidos como Junts y ERC defendieron su necesidad para cerrar el conflicto.
Las implicaciones: ¿un giro en el caso del 1-O?
Si el TC anula la sentencia del Supremo, los condenados por el proceso del 1-O —incluido Carles Puigdemont— podrían beneficiarse de la amnistía y ver reducidas o eliminadas sus penas. Esto tendría un impacto directo en el escenario político catalán, donde la cuestión independentista sigue siendo un tema central. Además, la decisión del TC podría sentar un precedente en la interpretación de leyes de amnistía en el futuro, especialmente en casos donde la intención política trasciende lo jurídico.
El voto particular de la magistrada Ana Ferrer, que acusó a sus compañeros de ‘derogar’ la ley, refleja la división interna en el Supremo. Su postura, compartida con el texto fuente, subraya que la interpretación restrictiva de la Sala de lo Penal podría ser revisada por el TC, abriendo la puerta a un cambio en el rumbo del caso.
La decisión del TC, que podría llegar en las próximas semanas, será clave no solo para los condenados, sino también para el futuro de la política catalana y la relación entre el poder judicial y el político en España.
