El Ministerio Público recurre la progresión de Henri Parot y anula la semilibertad de otros cinco condenados por terrorismo, pese a los informes favorables de las prisiones vascas
Henri Parot, histórico dirigente de ETA, ha visto frenada su progresión al tercer grado penitenciario por decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera «prematura» la concesión del Gobierno vasco. La medida, acordada inicialmente por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos —dirigido por la socialista María Jesús San José—, ha sido recurrida por el Ministerio Público, que exige mantener el régimen flexible del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario mientras se resuelve el recurso. Este caso se suma a otros cinco en los que la Fiscalía ha logrado revocar el tercer grado o el régimen flexible de presos de ETA en los últimos dos años, generando un conflicto institucional recurrente entre la autonomía penitenciaria vasca y la postura centralizada de la Justicia.
El conflicto no es nuevo. Desde 2025, el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a al menos siete presos de ETA —entre ellos Xabier Zabalo, Juan Carlos Iglesias Chouzas (alias Gadafi), Asier Arrayaz Goñi (alias Santi), Juan Antonio Larra Gu ridi y María Soledad Iparraguirre (alias Anotó)—, pero en todos los casos la Fiscalía ha recurrido la decisión, alegando que los plazos de reinserción son insuficientes o que los informes penitenciarios no justifican el avance. En cinco ocasiones, los tribunales han dado la razón al Ministerio Público y han ordenado el regreso de los presos a segundo grado.
El caso de Parot presenta una particularidad adicional: el exdirigente lleva desde julio de 2025 disfrutando del régimen flexible del artículo 100.2 —que permite salidas diarias para actividades de voluntariado— sin incidencias. La Fiscalía reconoce su evolución favorable, la ausencia de incidentes y el apoyo familiar, pero cuestiona si esos avances son suficientes para dar el salto al tercer grado. «Lo que cuestionamos no es su evolución, sino el momento en que se produce», declaró una fuente del Ministerio Público, que insiste en que el tiempo acumulado en libertad condicional (menos de un año) no permite evaluar su consolidación.
El patrón se repite en otros casos. Zabalo, condenado por delitos de terrorismo, recibió el tercer grado en febrero de 2025, pero la Fiscalía recurrió la decisión al considerar que apenas había disfrutado de permisos ordinarios y que aún debía cumplir condena. El juez revocó la medida. Lo mismo ocurrió con Gadafi, condenado a más de 1.100 años de prisión por el asesinato del niño Fabio Moreno. El Gobierno vasco le concedió el tercer grado en octubre de 2025, pero la Fiscalía argumentó que su experiencia en libertad era insuficiente. El juez anuló la progresión, aunque el Ejecutivo autonómico volvió a concedérsela en abril de 2026, junto con la de Eneko Gogeaskoetxea, otro miembro de ETA.
Arrayaz Goñi, condenado por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle y el intento de asesinato de Esther Cabezudo, vio frenada su semilibertad en febrero de 2026. La Fiscalía alegó que solo llevaba tres o cuatro meses bajo el régimen flexible, un plazo que, según el Ministerio Público, no permite evaluar su estabilidad. El juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro revocó la medida, aunque el Gobierno vasco insistió en aplicarle el artículo 100.2 en septiembre.
Larra Gu ridi, antiguo responsable del aparato militar de ETA, también enfrentó la oposición de la Fiscalía cuando el Ejecutivo autonómico le concedió el tercer grado en mayo de 2026. El juez revocó la decisión al considerar insuficiente su experiencia en libertad, pese a que su evolución penitenciaria era valorada como positiva. El caso de Anotó, exdirigente de ETA, es especialmente revelador: en abril de 2026, el juez Castro rechazó su acceso al régimen flexible del artículo 100.2 por falta de justificación, pero el Gobierno vasco volvió a aplicárselo en septiembre.
El conflicto institucional: ¿quién decide sobre la reinserción?
El choque entre el Gobierno vasco y la Fiscalía refleja una tensión estructural en la gestión penitenciaria de los presos de ETA. Según el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, las comunidades autónomas tienen competencias en materia de progresiones de grado, pero la Fiscalía puede recurrir las decisiones que considere prematuras o injustificadas. Este mecanismo ha sido utilizado sistemáticamente por el Ministerio Público en los últimos dos años, logrando la revocación de al menos cinco terceros grados y tres regímenes flexibles.
La Fiscalía argumenta que los plazos de reinserción son demasiado cortos y que los informes penitenciarios no siempre reflejan con precisión el nivel de asunción delictiva de los presos. «No se trata de cuestionar su evolución, sino de garantizar que el proceso es estable y consolidado», explicó una fuente del Ministerio Público. Por su parte, el Gobierno vasco defiende que sus decisiones se basan en criterios técnicos —como informes psicológicos, apoyo familiar y participación en actividades de reinserción— y que la Fiscalía actúa con un criterio excesivamente restrictivo.
El conflicto también tiene un componente político. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) han criticado la postura de la Fiscalía, acusándola de mantener una «lógica de confrontación» con el proceso de normalización en Euskadi. Por el contrario, partidos como el Partido Popular (PP) y Vox han apoyado la línea dura de la Fiscalía, argumentando que la reinserción de presos de ETA debe someterse a un control estricto.
¿Qué pasa ahora con Parot y los otros presos?
En el caso de Henri Parot, el recurso de la Fiscalía mantiene en suspenso su progresión al tercer grado mientras se resuelve el conflicto judicial. Si el juez da la razón al Ministerio Público —como ha ocurrido en cinco ocasiones anteriores—, Parot regresaría al régimen flexible del artículo 100.2, sin acceso a permisos de salida prolongados. Lo mismo podría ocurrir con Arrayaz Goñi, Larra Gu ridi y Anotó, cuyos terceros grados también han sido recurridos.
El Gobierno vasco, sin embargo, no parece dispuesto a ceder. En los últimos meses, ha insistido en aplicar criterios más flexibles, incluso en casos en los que la Fiscalía ha logrado revocar decisiones anteriores. Esta estrategia ha generado un efecto dominó: mientras algunos presos recuperan el tercer grado tras ser anulados por los tribunales, otros ven frenadas sus progresiones por nuevos recursos. El resultado es un sistema penitenciario en el que la reinserción de los presos de ETA depende, en última instancia, de la interpretación judicial de unos criterios que ni siquiera las propias instituciones penitenciarias aplican de manera uniforme.
Lo que está claro es que el conflicto no se resolverá a corto plazo. Mientras el Gobierno vasco apuesta por una política de reinserción basada en la confianza y la normalización, la Fiscalía mantiene una postura de cautela, exigiendo plazos más largos y evaluaciones más rigurosas. Para los presos, cada recurso judicial significa meses —o incluso años— adicionales en prisión, en un juego de fuerzas en el que la Justicia actúa como árbitro de un debate que trasciende lo penitenciario para adentrarse en lo político.
