La presidenta de FANAIRE afronta una sentencia por injurias tras la muerte armada de Abdoulie Bah en el aeropuerto de Gran Canaria
Una multa de 4.050 euros afronta Isabel Alfaro ante la Sección Penal de la Plaza Número 6 del Tribunal de Instancia de Las Palmas. La Fiscalía y la Confederación Española de Policía reclaman esta sanción contra la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes Refugiados en España. El juicio quedó visto para sentencia por un delito de injurias graves hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El caso juzga la reacción pública tras un operativo en el aeropuerto de Gran Canaria en mayo de 2025. Cinco agentes de la Policía Nacional abatieron entonces a tiros a Abdoulaye Bah, ciudadano de nacionalidad gambiana de 19 años. El joven portaba un arma blanca de grandes dimensiones dentro del recinto. Tres días antes ya había sido arrestado por atentado contra agentes de la autoridad. Todos los policías que dispararon causaron baja médica temporal por secuelas psicológicas tras el enfrentamiento.
La controversia judicial deriva de una asamblea de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Durante esa reunión, Alfaro instó a calificar la muerte de Bah como «asesinato» y pidió confeccionar pancartas con ese término. «¿Fueron cinco? Los cinco lo pagan», afirmó en un vídeo difundido en redes sociales. Ese mensaje movilizó luego a medio millar de personas ante la Delegación del Gobierno en Las Palmas.
Durante la vista oral, la acusada reconoció los hechos y pidió disculpas públicas a la Policía Nacional. Explicó que mantenía un vínculo afectivo con el joven fallecido y mostró su arrepentimiento por haber agitado los ánimos colectivos. Su defensa pidió la libre absolución. De forma subsidiaria, su abogado reclamó rebajar la cuantía económica debido a sus ingresos como enfermera temporal en el Servicio Canario de la Salud.
El Ministerio Público defendió que atribuir un delito doloso a agentes en riesgo vital inminente sobrepasa la libertad de expresión. La Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía sostuvieron que las palabras de Alfaro lesionaron el honor del cuerpo y rompieron la paz social en las islas. El fallo fijará los límites penales de la crítica ciudadana frente a intervenciones armadas en recintos estratégicos.
