Gonzalo Pérez Jácome declarará en el juzgado en diciembre tras las denuncias de la Asociación O Cimborrio por inacción municipal
Los juzgados han citado a declarar en calidad de investigado al alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, el próximo mes de diciembre. La causa examina la comisión de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El procedimiento judicial se centra en la supuesta inacción del Ayuntamiento ante las quejas de los residentes por el ruido del ocio nocturno.
La denuncia de la Asociación O Cimborrio motivó la apertura de estas diligencias judiciales. El colectivo vecinal reclama «hechos y protección efectiva contra el ruido» para frenar el éxodo de habitantes en el casco antiguo. La zona aglutina a 200 locales de hostelería y pubs en apenas medio kilómetro cuadrado de extensión. Los afectados acudieron a los tribunales tras no conseguir soluciones por parte de la administración local.
El juzgado tomará declaración también a otros implicados en este mismo caso durante el mes de diciembre. Comparecerán el ingeniero técnico en telecomunicaciones del Ayuntamiento y varios vecinos afectados del barrio histórico. Asimismo, prestará testimonio el presunto administrador de la sociedad mercantil que gestionaba uno de los locales denunciados en la zona.
La citación judicial provocó una respuesta inmediata del regidor orensano a través de sus canales públicos. Jácome ironizó con el proceso al señalar que se trata de su denuncia número 24 en los tribunales. El mandatario municipal afirmó en sus redes sociales que en las 23 anteriores no acumuló ninguna condena. Además, sostuvo que sus adversarios recurren a estas acciones al no vencerle en las urnas electorales.
El caso sitúa bajo la lupa judicial la responsabilidad penal de los gestores municipales en la vigilancia de la contaminación acústica. Los tribunales españoles ya contemplan la vía penal cuando la pasividad administrativa vulnera derechos fundamentales y lesiona el medio ambiente urbano. La resolución del proceso fijará las obligaciones del consistorio frente a los límites de ruido tolerables en el casco histórico.
