El presidente del Consejo Europeo alerta de una «amenaza a la integridad territorial» mientras el eurodiputado de Le Pen reclama medidas urgentes para proteger fronteras
Antonio Costa, presidente del Consejo de la Unión Europea, ha calificado este sábado de «instrumentalización» el uso de la inmigración como «nueva forma de amenazar la soberanía territorial» tras los incidentes en Ceuta, donde más de 1.000 personas cruzaron irregularmente la frontera desde Marruecos el pasado 24 de agosto. Durante el Foro de Cerbobbio (Italia), Costa vinculó el caso con otros episodios recientes, como la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, y advirtió de que «la UE debe ser capaz de luchar contra esto». Su propuesta central pasa por «modernizar las instituciones multilaterales» —incluyendo un mayor papel de la ONU— y reforzar los acuerdos con países de origen y tránsito, aunque sin mencionar explícitamente a Marruecos.
Por su parte, Jordan Barcella, número dos del Rassemblement National y eurodiputado, elevó el tono al calificar la situación como «crítica» y exigir a la UE «cambiarlo todo» para proteger sus fronteras. Barcella, que representa al grupo Patriots en el Parlamento Europeo —al que pertenece Vox—, presentó el pasado 31 de julio una solicitud formal a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mesola, para abordar «la gravedad de la situación en Ceuta y Melilla». Su postura contrasta con la de Costa: mientras el portugués apuesta por la cooperación supranacional, Barcella reclama medidas concretas de cierre de fronteras, alineándose con la línea de su partido, que considera la inmigración «una amenaza existencial» para Europa.
El Foro de Cerbobbio, un encuentro anual que reúne a líderes políticos y expertos europeos, se convirtió este fin de semana en escenario de un debate que trasciende lo técnico. Costa, exprimer ministro portugués y actual presidente del Consejo Europeo, defendió un enfoque basado en «normas comunes y cooperación más allá de las fronteras», mientras que Barcella insistió en que «la UE debe ser capaz de protegerse». La brecha entre ambas posturas refleja la división interna en Bruselas sobre cómo abordar la crisis migratoria, con la derecha euroescéptica exigiendo acción inmediata y los socialdemócratas —como Costa— priorizando el marco multilateral.
El contexto: Ceuta como espejo de una crisis global
Los incidentes en Ceuta el pasado 24 de agosto —cuando más de 1.000 personas cruzaron la valla desde Marruecos en menos de 24 horas— no son un caso aislado. Desde 2021, la ciudad autónoma ha registrado al menos tres oleadas masivas de migración irregular, con picos en mayo de 2022 (más de 8.000 personas en una semana) y febrero de 2024 (casi 3.000 en un solo día). Según datos del Ministerio del Interior, el 70% de los cruces en 2026 han tenido lugar en la frontera sur, con Marruecos como país de origen en el 92% de los casos. La respuesta española ha sido mixta: mientras el Gobierno central desplegó la Guardia Civil y la Policía Nacional para reforzar la seguridad, el Ejecutivo autonómico de Ceuta —liderado por el PP— denunció «falta de coordinación» con Madrid.
El caso ceutí se enmarca en una tendencia más amplia: en 2025, la UE registró un aumento del 40% en llegadas irregulares por la ruta del Mediterráneo occidental, según Eurostat. Marruecos, aliado estratégico de la UE en materia migratoria, ha sido señalado por organizaciones como Frontex como «país de tránsito clave», aunque su gobierno niega cualquier responsabilidad en las oleadas. La tensión diplomática escaló en julio, cuando el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, acusó a España de «incumplir acuerdos» en materia de cooperación policial, en referencia a la detención de activistas del Polisario en territorio español.
Implicaciones: ¿Qué se juega cada actor?
Para Antonio Costa, la crisis de Ceuta es una oportunidad para impulsar su agenda de «modernización institucional» dentro de la UE. Su propuesta de reforzar el papel de la ONU y los organismos multilaterales busca contrarrestar el auge del euroescepticismo, pero también responde a su posición como socialista moderado en un Consejo Europeo dominado por gobiernos de centro-derecha. Costa, que asumió el cargo en julio de 2026 tras la dimisión de Charles Michel, ha priorizado la estabilidad en un contexto de creciente polarización. Su llamado a «modernizar» las instituciones —sin concretar medidas— choca con la realidad: el Parlamento Europeo lleva meses bloqueando reformas en migración por la falta de consenso entre los grupos políticos.
Bardella, en cambio, apuesta por capitalizar el malestar ciudadano. Su exigencia de «proteger las fronteras» resuena en países como Francia, donde el Rassemblement National lidera las encuestas, y en España, donde partidos como Vox han convertido la inmigración en su principal caballo de batalla electoral. La solicitud formal presentada a Metsola el 31 de julio —poco después de los incidentes en Ceuta— busca presionar a la Comisión Europea para que active el Reglamento de Dublín, que obliga a los países de primera llegada a gestionar las solicitudes de asilo. Sin embargo, la UE ya ha rechazado en dos ocasiones (2022 y 2024) reformar este reglamento por las divisiones entre Estados miembros.
El tercer actor en este tablero es Marruecos, cuyo gobierno ha evitado hasta ahora una condena explícita de las oleadas migratorias. Rabat mantiene una relación ambivalente con la UE: por un lado, es su principal socio en el norte de África; por otro, su política migratoria —basada en la externalización de fronteras— ha sido criticada por ONGs como Amnistía Internacional, que denuncia «devoluciones colectivas» de migrantes subsaharianos. La reciente marcha convocada por activistas marroquíes para «liberar Ceuta, Melilla y las islas ocupadas» (referencia a las disputas territoriales con España) añade un componente geopolítico: Marruecos podría estar usando la migración como palanca para presionar en negociaciones pendientes, como el estatus de los territorios del Sáhara Occidental.
En el plano interno español, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un dilema: evitar una crisis humanitaria —con riesgo de imágenes de colapso en Ceuta— sin ceder a las demandas de Vox y el PP, que exigen «cerrar la frontera». Hasta ahora, la respuesta ha sido técnica: el 26 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para agilizar las expulsiones de migrantes en «situación irregular», pero la medida ya ha sido cuestionada por el Defensor del Pueblo, que alertó de «riesgos de arbitrariedad». Mientras, la oposición acusa al Ejecutivo de «falta de acción»: Feijóo pidió el 2 de septiembre «un plan de emergencia» en el Congreso, y Abascal anunció una concentración en Ceuta el próximo 15 de septiembre bajo el lema «España no es un parque de atracciones».
La UE, por su parte, se encuentra en un punto muerto. Aunque el Consejo Europeo aprobó en junio un Pacto de Migración y Asilo —que incluye mecanismos de solidaridad obligatoria—, su aplicación depende de la ratificación de los 27 Estados miembros, un proceso que podría alargarse hasta 2027. Mientras tanto, los incidentes en Ceuta han reabierto el debate sobre si Bruselas está preparada para actuar sin el consenso unánime que hasta ahora ha bloqueado cualquier medida contundente.
