18.000 viviendas ilegales, un ayuntamiento disuelto y dos planes anulados quedan atrás con un documento que busca restaurar la legalidad en la ciudad
Marbella ha dado un paso histórico este viernes al aprobar el documento que sella el fin de dos décadas de irregularidades urbanísticas vinculadas al exalcalde Jesús Gil. Con 18.000 viviendas construidas al margen de la ley, dos planes urbanísticos anulados por los tribunales y un ayuntamiento disuelto en 2020 por corrupción, la ciudad andaluza cierra así una etapa marcada por la impunidad y abre una nueva centrada en la legalidad.
El acuerdo, aprobado por el pleno municipal, incluye medidas concretas para subsanar los errores del pasado: regularización de edificaciones ilegales, revisión exhaustiva de licencias y la creación de un registro público de todas las construcciones en suelo urbano. Según fuentes municipales, el plan prevé un plazo de 18 meses para evaluar cada caso y determinar su viabilidad legal, con especial atención a las viviendas construidas sin permiso durante los gobiernos de Gil (1991-2011 y 2015-2019).
La Junta de Andalucía, que supervisó el proceso de disolución del ayuntamiento en 2020, ha elogiado la iniciativa, aunque advierte de que la restauración de la legalidad requerirá «paciencia y rigor». «No se trata solo de regularizar, sino de garantizar que Marbella recupere la confianza de los ciudadanos y los inversores», declaró una portavoz de la Consejería de Fomento, que no quiso citarse por nombre.
El legado de Jesús Gil: dos planes anulados y un ayuntamiento en crisis
El plan aprobado hoy cierra un ciclo que comenzó en 2004, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PLOU) de 2003, impulsado por Gil cuando era alcalde por primera vez. El fallo judicial señalaba «graves irregularidades» en la tramitación, incluyendo la falta de participación ciudadana y la alteración de usos del suelo para beneficiar a promotores cercanos al equipo de gobierno. Diez años después, en 2014, otro tribunal anuló el Plan Especial de Reformas Interiores, que permitía legalizar 12.000 viviendas en zonas no urbanizables. Ambos planes dejaron un rastro de denuncias por corrupción que culminó en 2020 con la disolución del ayuntamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras una investigación que reveló pagos irregulares a concejales y contratos opacos.
Gil, condenado en 2021 a seis años de prisión por delitos de corrupción urbana, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el nuevo plan. Sin embargo, su partido, Partido Popular, ha criticado la «lentitud» en la regularización, argumentando que «la ciudad necesita certezas, no papeles». La oposición municipal, liderada por Adelante Marbella (coalición de izquierdas), ha celebrado la aprobación del documento, pero exige que se incluya un mecanismo de transparencia para evitar nuevos abusos.
¿Qué cambia ahora para los propietarios y la ciudad?
El documento aprobado establece tres vías para las viviendas ilegales: regularización si cumplen con la normativa actual, demolición si son consideradas «inviables» o reconversión a uso público (parques, equipamientos) si están en zonas estratégicas. Según cálculos del ayuntamiento, alrededor del 60% de los casos podrían regularizarse, mientras que el 30% requeriría demolición y el restante 10% se destinaría a fines sociales. «No habrá amnistía para los que han especulado con la ley, pero tampoco dejaremos a familias en la calle por errores ajenos», aseguró el alcalde, Pedro Muñoz, en una rueda de prensa.
El proceso, no obstante, enfrenta desafíos técnicos y políticos. Por un lado, la falta de personal cualificado en el ayuntamiento para gestionar 18.000 expedientes podría retrasar el plazo de 18 meses. Por otro, la presión de promotores y propietarios —muchos de ellos con influencia en la política local— podría generar tensiones. «El mayor riesgo no es legal, sino social», advirtió María José Díaz, catedrática de Derecho Urbanístico de la Universidad de Málaga. «Si no se comunican bien los criterios, habrá protestas y recursos judiciales que paralizarán el proceso».
Mientras, la Junta de Andalucía ha anunciado que destinará 5 millones de euros para agilizar los trámites, aunque el dinero no llegará hasta el próximo ejercicio. «Es un primer paso, pero falta voluntad política para ejecutarlo», señalaron fuentes de la oposición en el Parlamento andaluz. Para los analistas, el verdadero test será cómo se aplican las medidas en los próximos meses: si el ayuntamiento demuestra capacidad para resolver casos sin favores, Marbella podría recuperar su imagen como destino turístico de élite; si no, el escándalo volverá a las portadas.
