La formación valencana retira su acusación particular al considerar prescritos los delitos de financiación ilegal del PSPV, evitando así un choque con el entorno de la exalcaldesa
El Partido Popular (PP) se ha retirado como acusación particular en el caso Azud, a solo días del juicio oral contra 38 investigados, entre ellos el entorno cercano de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, su exvicealcalde Alfonso Grau y el exconcejal Jorge Bellver. Según confirmaron fuentes del partido, la decisión responde a que los hechos más graves —como la financiación irregular del PSPV— están prescritos y no pueden ser perseguidos penalmente.
La juez de la Sección 13 de Instrucción de Valencia procesó a los 38 encausados por presunta corrupción en contratos públicos, pero el PP decidió desistir tras valorar que la Fiscalía ya recoge en su auto las irregularidades detectadas. Entre los investigados figuran también el exdiputado socialista Rafa Rubio y el abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, considerado clave en la trama. El PP justificó su retirada en un comunicado firmado por su portavoz en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, quien aseguró que «la acción popular no es un arma electoral» y que su decisión es un «ejercicio de responsabilidad».
El caso Azud, que lleva una década en investigación, se centraba en presuntos pagos de empresas a cambio de adjudicaciones durante los mandatos de Barberá (1991-2015). Aunque la juez incluyó en su auto el pago de actos electorales del PSPV por parte de empresas vinculadas a la trama, estos hechos ocurrieron en 2007, cuando no existía el delito de financiación ilegal. Por ello, el procedimiento quedó sobreseído para el extesorero del partido, Pepe Cataluña, y otros implicados.
La retirada del PP deja a la Fiscalía como única acusación en el juicio, que se celebrará en los próximos meses. Pastor aclaró que «quien tenga que responder ante la Justicia lo hará con o sin nosotros», aunque evitó pronunciarse sobre posibles condenas para los cargos de primer nivel del PSPV, cuyos delitos ya fueron declarados prescritos.
El caso Azud reviste especial relevancia por su impacto político en la Comunidad Valenciana, donde el PP y el PSPV han alternado en el gobierno autonómico. La decisión de los populares de no persistir en la acusación podría interpretarse como un intento de desescalar tensiones con el entorno de Barberá, cuya influencia sigue vigente en el partido socialista valenciano.
