Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, recupera la libertad por segunda vez en 2026 tras recurso judicial fallido; el fiscal García Berro pide su regreso a prisión
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado este lunes que recurrirá la decisión del Gobierno vasco de conceder de nuevo la semilibertad a Soledad Iparragirre, alias ‘Anotó’, etarra condenada por delitos de terrorismo. El Ministerio Público considera que la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —que permite flexibilizar penas— equivale a un ‘tercer grado encubierto’ y ha solicitado su inmediata reclusión.
El Ejecutivo autonómico ya había otorgado la semilibertad a Iparragirre en enero, pero un juez anuló la medida en abril tras el recurso fiscal. Sin embargo, el pasado 5 de septiembre, el Departamento de Justicia vasco reiteró la concesión, lo que ha provocado la reacción inmediata de la Fiscalía. El fiscal Carlos García Berro, quien ya impugnó la primera decisión, mantiene su postura: la estrategia vasca evita el análisis judicial previo y deja a la presunta terrorista en libertad hasta que un juez revoca la medida a posteriori.
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite automáticamente reducir penas bajo criterios de ‘flexibilización’, pero su uso en casos como el de Iparragirre —condenada por 12 asesinatos— ha sido criticado por víctimas y fiscales. En abril, el juez José Luis Castro denunció que esta vía se usa para ‘sacar de prisión sin control’ a presos de ETA, generando ‘molestias’ tanto para los reclusos como para las víctimas. Iparragirre, de 69 años, cumple condena en la cárcel de Zaballa (Vizcaya) desde 2019.
El conflicto legal refleja una tensión institucional entre el Gobierno vasco —que defiende la aplicación estricta del reglamento— y la Fiscalía, que acusa a las autoridades autonómicas de eludir los plazos procesales. Las asociaciones de víctimas, como Sociedad de Víctimas del Terrorismo, han calificado la medida de ‘injusticia’ y exigen que se apliquen los mismos criterios a todos los presos, sin excepciones por ideología.
El caso de Anotó no es aislado: en 2025, el Gobierno vasco concedió semilibertad a otros cuatro etarras bajo el mismo artículo, lo que ha incrementado las críticas desde el Ministerio Público. La próxima decisión judicial podría marcar un precedente sobre cómo se gestionan las penas en casos de terrorismo, donde la ley permite dos vías paralelas: la progresión ordinaria a tercer grado (con evaluación judicial previa) y la flexibilización automática del 100.2, que el fiscal García Berro califica de ‘atajo legal’.
