La conselleria de Justícia exige aclaraciones tras denuncias de vulneración lingüística en el caso Roger Español; Illa y Bolaños se reúnen para impulsar formación de jueces en catalán
La conselleria de Justícia de la Generalitat ha abierto una investigación a la empresa de intérpretes judiciales tras detectar graves fallos en la traducción al catalán durante el juicio contra los agentes policiales acusados de mutilar un ojo al activista Roger Español en el 1-O. Fuentes del Govern exigen una aclaración «inmediata» y no descartan revisar el contrato con la firma, que ha sido señalada por la incapacidad de hasta dos intérpretes para traducir preguntas del catalán al castellano.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones lingüísticas en el ámbito judicial catalán. La defensa de Español —encargada por Irídia—, junto a entidades como Ómnibus Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), han denunciado una «vulneración de derechos lingüísticos» durante el proceso. Los letrados se vieron obligados a traducir ellos mismos por la «incapacidad» de los intérpretes oficiales, según sus declaraciones. La Generalitat defiende que promueve el uso del catalán en los tribunales y que 500 jueces recibirán formación específica en Cataluña el próximo año para conocer «de primera mano» la realidad lingüística del territorio.
Este viernes, el president Salvador Illa se reunió con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para evaluar las medidas judiciales. La reunión coincide con la polémica por los intérpretes, aunque las fuentes del Govern no vincularon directamente el encuentro con este caso. La conselleria insiste en que trabaja para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, aunque no ha detallado plazos para la revisión del contrato o las sanciones que podrían aplicarse a la empresa.
El juicio contra los agentes —acusados de agredir a Español durante la represión del referéndum independentista— ha servido para visibilizar las carencias en la traducción judicial en catalán. Mientras, el Govern apuesta por la formación de jueces como solución a largo plazo, aunque sin abordar públicamente las consecuencias inmediatas para los intérpretes implicados.
