La resolución alerta de un ‘riesgo de pucherazo’ que partidos como Vox y el PP ya denunciaban; solo el 8,9% de los residentes en el extranjero votó en 2023
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido provisionalmente el derecho al voto de 500.000 personas que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática. La medida, que afecta a hijos y nietos de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura, se mantiene hasta que se dicte sentencia definitiva.
El Alto Tribunal justifica la decisión por un ‘riesgo de pucherazo’, un argumento que ya esgrimían desde hace meses Vox —uno de los demandantes— y el Partido Popular, aunque sin pruebas de que estos votantes apoyen automáticamente al PSOE. La resolución llega en un contexto en el que, según datos de julio de 2023, solo 208.475 residentes en el extranjero —el 8,9 % de los 2.328.201 empadronados— ejercieron su derecho al voto en las últimas elecciones generales.
El voto de los españoles en el exterior es clave en regiones como Asturias, Canarias, Cantabria, Madrid, Galicia y La Rioja, donde la lista más votada por este colectivo en 2023 fue la del PP. La suspensión provisional abre un debate sobre el alcance de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 para reparar a las víctimas del franquismo, y su impacto en el sufragio universal.
La decisión del Supremo podría tener consecuencias políticas inmediatas. El PSOE, que impulsó la ley, se enfrenta ahora a una posible pérdida de apoyo en circunscripciones donde estos votantes podrían haber inclinado la balanza. Mientras, Vox y el PP podrían aprovechar la polémica para reforzar su discurso contra la ‘ley de amnistía’ y la ‘revisión histórica’.
El proceso judicial podría alargarse meses, dejando en suspenso el derecho al voto de estos ciudadanos hasta que el Tribunal resuelva definitivamente. La medida también plantea preguntas sobre la seguridad jurídica de otras leyes recientes que amplían derechos políticos, como la Ley de Voto en el Extranjero o las reformas sobre memoria histórica.
La suspensión afecta a 52 circunscripciones, donde los 208.475 votantes se distribuyeron de manera desigual, con la mayoría concentrada en las circunscripciones de Madrid, Barcelona y Valencia. Este reparto desigual subraya la importancia de la participación de los expatriados en la política nacional y la necesidad de garantizar su derecho al sufragio en todas las etapas del proceso electoral.
