El tribunal rechaza la suspensión del SUP y avala el uso de 16.000 m² del Puerto como zona humanitaria
La Sección Octava de la Audiencia Nacional ha levantado este jueves la suspensión que impedía desde el miércoles el uso de **16.000 metros cuadrados** de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida de **1.700 migrantes**. El auto, sin recurso posible, desestima la medida cautelar solicitada por el **Sindicato Unificado de Policía (SUP)**, que alegaba riesgos para la seguridad de los agentes y la protección del puerto.
El tribunal argumenta que, en el ámbito de las medidas cautelares, no hay justificación para paralizar la orden ministerial. Aunque reconoce las preocupaciones del SUP —seguridad de los policías y condiciones humanitarias—, los magistrados priorizan el **interés general** y avalan la autorización temporal del Ministerio de Transportes, respaldada por Puertos del Estado. La resolución destaca que será el **Ministerio del Interior** quien determine las condiciones de seguridad para los agentes y los migrantes, en cumplimiento del **Real Decreto 681/2026** sobre colaboración interministerial.
El Gobierno celebra la decisión y adelanta que los traslados desde las calles de Ceuta podrían comenzar **este mismo viernes**. La polémica surgió tras la ocupación de terrenos portuarios sin que el SUP pudiera acreditar incumplimientos en seguridad o emergencias. Mientras, el dispositivo —con capacidad para **1.700 personas**— se suma a los **1.000 migrantes ya alojados en instalaciones temporales** en la ciudad, en un contexto de saturación de recursos.
El SUP había pedido suspender la ocupación hasta garantizar condiciones de seguridad y prevención de riesgos laborales. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que la autorización temporal no afecta a la **explotación normal del puerto**, siempre que se adopten las medidas necesarias para compatibilizar su uso humanitario con la operatividad portuaria.
**¿Quién gana y quién pierde?** El Gobierno y las autoridades autonómicas ven validada su estrategia de usar infraestructuras portuarias para aliviar la presión en las calles. El SUP, aunque derrotado en lo judicial, mantiene su postura crítica: la seguridad de los agentes no puede subordinarse a plazos políticos. Mientras, los migrantes —más de **2.700 en Ceuta desde el inicio de la crisis**— dependen ahora de que el dispositivo funcione sin nuevos retrasos.
