El magistrado Ricardo Enríquez defiende su constitucionalidad; el Senado del PP lo recurrió por el artículo que habilita participación en reuniones de Gobierno
Ricardo Enríquez, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), presentará el próximo martes 22 de septiembre una ponencia que declara constitucional el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado en enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. El pleno del TC estudiará entonces el recurso del Senado —con mayoría absoluta del PP— que cuestiona el artículo 2.4 del texto, que permite a un ministro francés participar en el Consejo de Ministros español. Según fuentes jurídicas confirmadas a agencias, Enríquez considera que no hay contradicción con la Constitución.
El tratado, ya aprobado por las cámaras francesas en 2025, quedó bloqueado en España tras su rechazo en el Senado en julio de este año. La Cámara Alta, controlada por el PP, promovió entonces el recurso al TC para que se pronunciara sobre la constitucionalidad del artículo controvertido. La deliberación tendrá lugar días antes de la visita oficial de Macron a España (29-30 de septiembre), donde se reunirá con Felipe VI y Sánchez, ocho años después de su última cumbre bilateral.
El conflicto se remonta a abril de 2026, cuando los ministros de Exteriores de ambos países acordaron reinterpretar el artículo 2.4 para aclarar que la participación francesa sería «en los márgenes» del Consejo de Ministros, en una reunión separada. Sin embargo, el PP consideró insuficiente este acuerdo y votó en contra de la ratificación en el Congreso en junio, impulsando luego el recurso al TC desde el Senado.
El tratado, firmado en Barcelona en 2023, busca reforzar la cooperación política, económica y de seguridad entre ambos países. Su ratificación definitiva depende ahora de la decisión del TC, que en 2025 ya se inhibió al considerar que el Congreso había tumbado el texto.
El artículo 2.4: el punto clave del debate constitucional
El artículo 2.4 del tratado establece que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros español, y viceversa. El PP argumenta que esta cláusula vulnera la soberanía nacional al permitir la intervención directa de un gobierno extranjero en las decisiones del Ejecutivo español. Sin embargo, el acuerdo de abril de 2026 matizó que la participación sería «en los márgenes» del Consejo, en una sesión aparte, sin modificar la redacción original del artículo.
El TC ya analizó este mismo tratado en 2025, cuando el Senado lo consultó por primera vez. En aquella ocasión, el tribunal se inhibió al considerar que el Congreso había rechazado el texto, lo que impedía su ratificación. Ahora, con el nuevo acuerdo entre los gobiernos, el Senado ha vuelto a recurrirlo, exigiendo una declaración vinculante sobre su constitucionalidad.
El contexto político: un tratado bloqueado por el PP y la visita de Macron
La ratificación del tratado se ha convertido en un símbolo de la tensión política entre el Gobierno y la oposición. El PP, que controla el Senado, ha utilizado el recurso al TC para frenar un acuerdo que considera una cesión de soberanía. Por su parte, el Gobierno ha defendido que el texto refuerza la cooperación bilateral en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica.
La visita de Macron a España, prevista para finales de septiembre, añade presión al proceso. Francia ya ha ratificado el tratado, por lo que París espera que España haga lo propio para avanzar en la cooperación. La cumbre incluirá reuniones con Felipe VI y Sánchez, así como encuentros con líderes empresariales y sociales, en un intento de relanzar la relación bilateral.
El TC tiene ahora la última palabra. Si confirma la constitucionalidad del tratado, el camino quedará despejado para su ratificación definitiva. Si, por el contrario, lo declara inconstitucional, el proceso podría alargarse indefinidamente, afectando a la agenda diplomática de ambos países.
El tratado, firmado en enero de 2023 durante una cumbre en Barcelona, busca profundizar en áreas como la defensa, la energía y la lucha contra el crimen organizado. Su aprobación definitiva dependerá de la decisión del TC, que deberá resolver si el artículo 2.4 vulnera la Constitución española.
