Joaquín Antonio Pino reclama un giro en la futura Política Agraria Común para evitar que las ayudas se diluyan en objetivos ecológicos
Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, ha reclamado este martes que la próxima Política Agraria Común (PAC) «vuelva a su esencia» y priorice a los agricultores y ganaderos en lugar de quedar subordinada a los objetivos ambientales.
El debate sobre la PAC ya está en marcha en Bruselas, donde las negociaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros buscan definir las prioridades para el periodo 2028-2034. Castilla y León, primera región española en superficie agrícola útil (más del 20% del total nacional), defiende que las ayudas directas —que representan el 70% del presupuesto de la PAC— no deben diluirse en condicionalidades ecológicas que, según Pino, «no siempre se corresponden con la realidad del campo».
La postura de la Junta contrasta con la línea de la Comisión Europea, que ha propuesto vincular hasta el 40% de las ayudas a la adopción de prácticas sostenibles. En España, comunidades como Andalucía o Cataluña ya han mostrado su apoyo a este enfoque, mientras que Castilla y León —donde el 60% de la superficie agrícola depende de regadíos intensivos— argumenta que las exigencias ambientales podrían perjudicar a sectores clave como la ganadería extensiva o los cultivos tradicionales.
El consejero citó como ejemplo el Pago Verde, un mecanismo de la PAC actual que obliga a los agricultores a destinar un 5% de sus tierras a ecosistemas no productivos. «Estas medidas, bienintencionadas, están ahogando a las explotaciones familiares», advirtió, recordando que Castilla y León concentra el 30% de las explotaciones ganaderas de España, muchas de ellas en riesgo de desaparición por la caída de los precios y la competencia desleal de terceros países.
La Junta ya ha iniciado contactos con la representación española en Bruselas para influir en la negociación. El plazo para cerrar los detalles técnicos de la PAC se acorta: la Comisión Europea debe presentar su propuesta definitiva antes de finales de 2026, y el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE debe aprobarla antes de junio de 2027. Si no hay acuerdo, las reglas actuales se prorrogarán sin cambios.
