La reforma elimina incompatibilidades entre prestaciones, amplía la asistencia personal y reconoce al cuidador no profesional, con una inversión de más de 6.200 millones.
El Congreso aprobó este miércoles la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. La norma fija por ley que el Estado aporte al menos el 50% del gasto certificado por las comunidades autónomas en dependencia. Hasta ahora, esa aportación estatal se situaba por debajo de ese porcentaje. El nuevo artículo 32 establece ese suelo mínimo, sin contar los copagos de las personas usuarias.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, explican que la reforma busca transformar el modelo de atención. El objetivo es pasar de un sistema marcado por la precariedad y la infrafinanciación a otro centrado en los derechos de ciudadanía. La intención es que las personas puedan envejecer en sus domicilios con autonomía.
La cantidad concreta que aportará el Estado no será idéntica cada año. Dependerá del gasto certificado por las comunidades en el ejercicio anterior. Por ejemplo, si las comunidades certifican 10.000 millones de euros de gasto, el Estado deberá aportar al menos 5.000 millones. Ese cálculo excluye los copagos de las personas beneficiarias.
El blindaje que no existía hasta ahora
La Ley de Dependencia ya contemplaba un modelo de financiación compartida entre el Estado y las comunidades. Sin embargo, la aportación efectiva del Estado se había quedado por debajo del reparto del 50%. La reforma convierte ese porcentaje en un suelo mínimo. Fuentes de Derechos Sociales subrayan que han decidido blindar esa contribución para que ningún gobierno futuro pueda reducir la inversión en dependencia.
Cualquier gobierno con mayoría suficiente podrá reformar de nuevo la ley y cambiar el modelo de financiación. Pero ese blindaje no existía hasta ahora. La norma también introduce una salvaguarda: cualquier modificación del catálogo de prestaciones deberá ir acompañada de una memoria económica. Su financiación se abordará en el Consejo de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La reforma se suma a otras aprobadas en los últimos años. Entre ellas, la Ley de Eutanasia de 2021, que reconoció el derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir. También la Ley ELA de 2024, con medidas para mejorar la atención a personas con ELA y otras enfermedades irreversibles. Y la regularización extraordinaria de personas migrantes, aprobada en abril de este año.
Menos incompatibilidades y más asistencia personal
La norma elimina el régimen de incompatibilidades entre prestaciones y servicios. El Programa Individual de Atención (PIA), que elaboran los servicios sociales de las comunidades, podrá incluir varios recursos del catálogo según las necesidades de cada usuario. Así, una persona que viva en su domicilio podrá acudir a un centro de día y recibir a la vez cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.
La asistencia personal deja de estar vinculada únicamente a los ámbitos educativo y laboral. Se incorpora al catálogo de servicios del Sistema de Dependencia. Las comunidades autónomas deberán garantizar su provisión mediante servicios públicos directos. El objetivo es reforzar la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas en situación de dependencia.
El servicio a domicilio también se amplía. Hasta ahora estaba vinculado sobre todo a la atención dentro del hogar. Con el nuevo marco, podrá cubrir acompañamientos fuera de casa para actividades básicas de la vida diaria. La persona que presta el servicio podrá acompañar al dependiente a hacer la compra, acudir al médico u otros desplazamientos necesarios.
En cuanto a las personas cuidadoras, se reconoce por primera vez la figura de la cuidadora principal. Se complementa con la de cuidadora no profesional. Además, se amplía el concepto de quién puede prestar estos cuidados. Ya no será necesario tener un vínculo familiar formalmente reconocido. La norma contempla, por ejemplo, a dos personas mayores que mantienen una relación de pareja sin estar casadas o a personas que comparten vivienda sin parentesco.
La teleasistencia se configura como derecho subjetivo, según el texto aprobado. La reforma va acompañada de una inversión de más de 6.200 millones de euros, según destacan desde Derechos Sociales. Fuentes del ministerio argumentan que ese refuerzo económico debe traducirse en menos burocracia, menos tiempo de espera, mejores prestaciones y mejores condiciones laborales en el sector.
