La expresidenta de Adif logra que la Guardia Civil entregue al juez los papeles sobre el contrato de urgencia en Gijón-Pravia, donde se pagó 115.895 euros menos de lo adjudicado
El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha ordenado a Adif entregar documentación clave sobre el contrato de urgencia para estabilizar taludes en la línea férrea entre Gijón y Pravia, adjudicado a Levantina Ingeniería por 489.300 euros pero finalmente pagado en 373.405 euros. La decisión responde a una solicitud de la defensa de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, que investiga presuntos favores a empresas vinculadas a la trama Koldo/Cerdán durante la etapa de José Luis Ábalos en Transportes.
El contrato, firmado tras un desprendimiento en 2020, fue uno de los citados en conversaciones entre Pardo de Vera y Koldo García, donde este alertó de los problemas económicos de Levantina. Según grabaciones, Pardo de Vera dudó en adjudicarlo por segunda vez en poco tiempo, pero finalmente se hizo. La defensa argumenta que no hubo amaño al pagarse menos de lo ofertado y requerir varias intervenciones. El juez ha unido los documentos a la causa y los ha notificado al Ministerio Fiscal y a las partes implicadas.
Levantina, que entró en pre concurso en 2023, fue adjudicataria de emergencia en Asturias tras una conversación grabada donde Koldo García presionó a Pardo de Vera: *»¿Tienes algo de emergencia? Necesito dos millones. Levantina lo está pasando aquí, cuando digo aquí es aquí»*. La obra, de 325.087 euros en refuerzos de talud, incluye mallas metálicas y bulones, según el informe de Adif que ya ha sido aportado.
Este caso forma parte de la pieza separada del ‘caso Koldo’ centrada en contratos de obra pública, donde se investiga si desde el Ministerio de Transportes se favoreció irregularmente a constructoras. La defensa de Pardo de Vera insiste en que no hubo irregularidades al pagarse menos de lo adjudicado y al requerir intervenciones adicionales. El juez ahora analizará si estos documentos confirman o desmienten esas sospechas.
El pasado martes, la Unidad de la Guardia Civil (UAFAC) adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se personó en la sede de Adif en Madrid, entregando el requerimiento judicial al director de Coordinación de la Dirección General Financiera de Compras y Contratación, Jesús María Campo. Además, el 11 de septiembre de 2026, la secretaria general Irene Bonet respondió por correo electrónico con el informe de revisión de la certificación del contrato, que incluye la reducción de 71.424 euros por la revisión de precios extraordinaria aprobada por el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.
