Un informe francés advierte que la demanda energética de la IA podría encarecer la luz para hogares e industrias, mientras España debate entre moratoria, regulación o ‘barra libre’
Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid y presidenta de Spain DC, advirtió este jueves que el proyecto de real decreto del Gobierno para impulsar centros de datos ‘sostenibles’ podría poner en riesgo 9.000 millones de euros en inversiones en España. La medida, basada en un informe de la Autorice de la Concurrente francesa, obliga a que cada nuevo megavatio consumido por estos centros vaya acompañado de un megavatio renovable adicional en los 18 meses previos a su entrada en funcionamiento.
El documento francés, clave para el Ejecutivo, alerta de que la posición dominante de grandes actores como Amazon Web Services o Microsoft —agrupados en Spain DC— podría distorsionar el mercado eléctrico. Según fuentes cercanas al Gobierno, estos centros consumen entre el 30% y el 50% de su coste operativo en electricidad, y su demanda masiva podría desplazar a otros consumidores, encareciendo la factura para hogares e industrias. En casos extremos, advierte el informe, el encarecimiento podría comprometer procesos industriales o dificultar el pago de la luz a familias.
La propuesta del Gobierno, presentada como alternativa a una moratoria como la aplicada en EE.UU. o parte de la UE, exige que al menos el 80% del consumo eléctrico de los nuevos centros de datos provenga de generación renovable adicional —ya sea mediante autoconsumo o contratos a plazo (PPA)— hasta que las renovables superen el 90% del mix energético español.
Sin embargo, el sector privado se divide. Mientras Spain DC —que incluye a gigantes tecnológicos— denuncia una ‘batalla cultural’ contra la energía nuclear y advierte de fugas de inversiones, otras empresas como Ferrovial o las eléctricas agrupadas en Aelec (con Iberdrola y Endesa) abogan por una regulación que no ‘dinamite’ el sector. Aelec criticó a principios de septiembre que la norma podría desincentivar inversiones en España, afectando a su competitividad.
El Ejecutivo distingue entre dos posturas: una ‘beligerante’, liderada por Villacís y Spain DC, que rechaza cualquier restricción; y otra ‘constructiva’, representada por eléctricas y constructoras, que prioriza ajustes regulatorios sin paralizar el sector. Las opciones sobre la mesa son tres: no actuar (mejorando competitividad sin supervisión), moratoria (como en EE.UU. o la UE), o la vía intermedia que plantea el Gobierno.
El informe francés: el detonante de la alerta energética
El estudio de la Autorice de la Concurrente —equivalente a la CNMC española— analiza los ‘retos competitivos’ de la inteligencia artificial (IA) vinculados a su impacto energético. Destaca que el acceso a la red eléctrica y el precio de la energía son clave para la competitividad del sector, especialmente en un contexto de incertidumbre en el mix energético. El documento advierte de que grandes actores podrían obtener suministros eléctricos en condiciones ventajosas, desplazando a otros consumidores y encareciendo la electricidad para el resto.
Según el informe, la electricidad representa entre el 30% y el 50% de los costes operativos de un centro de datos. La Autorice vigilará especialmente que la posición dominante de los grandes actores no les permita acceder a energía en condiciones privilegiadas, lo que podría generar barreras de entrada para competidores más pequeños. El Gobierno español ha tomado este análisis como base para su propuesta, aunque con un enfoque más estricto: exigir generación renovable adicional para cada nuevo megavatio consumido.
¿Por qué este real decreto podría ser un ‘punto de no retorno’?
El proyecto de real decreto responde a un escenario crítico: la capacidad de generación y transporte eléctrico en España no puede ampliarse de forma inmediata. Si los centros de datos —que requieren cantidades masivas de energía— priorizan su suministro, podrían dejar sin electricidad a otros sectores, como la industria o los hogares. El Gobierno teme que, sin regulación, estos gigantes tecnológicos firmen contratos a largo plazo con precios elevados, asegurándose el acceso a infraestructuras existentes y dejando a otros consumidores con facturas insostenibles.
La medida también busca evitar que España pierda atractivo para inversiones en IA, un sector clave para la economía digital. Sin embargo, el riesgo es alto: si las empresas ven la regulación como una barrera, podrían trasladar sus centros de datos a otros países con marcos menos exigentes, como Francia o Portugal, donde ya operan grandes actores del sector.
El debate se centra en si la regulación propuesta es suficiente o si debería aplicarse una moratoria temporal, como ya han hecho otros países. Mientras Spain DC alerta de que la norma ahuyentará inversiones, las eléctricas y constructoras prefieren ajustes que no paralicen el crecimiento del sector. El Gobierno, por su parte, apuesta por un equilibrio: exigir renovables adicionales sin frenar la expansión de los centros de datos, pero garantizando que su demanda no desestabilice el sistema eléctrico.
El contexto: España en la encrucijada de la energía y la IA
España es uno de los principales destinos europeos para la instalación de centros de datos, gracias a su clima, infraestructuras y costes competitivos. Sin embargo, el auge de la IA y la demanda energética que conlleva han puesto en jaque la capacidad del sistema eléctrico. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la demanda de electricidad en España creció un 4,5% en 2025, impulsada en parte por el crecimiento de estos centros.
El conflicto entre competitividad y sostenibilidad se agudiza en un contexto de transición energética. Mientras el Gobierno apuesta por acelerar las renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles, el sector privado reclama estabilidad regulatoria y acceso a energía asequible. La propuesta de real decreto intenta conciliar ambos objetivos, pero su éxito dependerá de cómo se articule la exigencia de renovables adicionales sin ahuyentar inversiones.
En la UE, países como Francia o Alemania ya han implementado medidas para limitar el impacto de los centros de datos en la red eléctrica. España, en cambio, opta por una vía intermedia: no una moratoria, pero sí una regulación estricta que vincule el crecimiento del sector a la expansión de las renovables. La pregunta ahora es si esta estrategia será suficiente para evitar un conflicto entre gigantes tecnológicos, eléctricas y el resto de consumidores.
