La propuesta, impulsada tras la crisis migratoria de julio, fue bloqueada por 178 votos en contra, mientras el PP exige ‘agentes de autoridad’ para los militares y Sumar denuncia ‘militarizar problemas civiles’
El Congreso ha rechazado este martes tramitar la propuesta de Vox para modificar la ley de defensa nacional y permitir que las Fuerzas Armadas actúen contra la inmigración irregular en Ceuta y Melilla.
La iniciativa, presentada por el partido de Santiago Abascal y respaldada por el PP, buscaba añadir la ‘lucha contra la inmigración ilegal’ a las funciones del Ejército, actualmente limitado a apoyar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo. La votación terminó con 168 votos a favor (Vox y PP) y 178 en contra, incluyendo a PSOE, Sumar, PNV y ERC.
José María Sánchez García, diputado de Vox, acusó al Gobierno de dejar Ceuta ‘sin protección’ y defendió que la solución es una ‘frontera permanente defendida por el Ejército’. Por su parte, Rafael Hernando (PP) criticó que los militares sean ‘apedreados’ y exigió que se les reconozca como ‘agentes de la autoridad’ para expulsar a los migrantes, comparando la situación con la regularización de 1,2 millones de inmigrantes o la concesión de la nacionalidad a 2,5 millones de extranjeros.
Desde el PSOE, José Antonio Rodríguez rechazó militarizar la inmigración irregular y recordó que las Fuerzas Armadas ya colaboran con las fuerzas de seguridad cuando es necesario. Sumar tachó la propuesta de ‘enorme irresponsabilidad’ y advirtió que ‘quienes llegan a Ceuta exhaustos’ no son un ‘Ejército enemigo’. Francesc-Marc Álvaro (ERC) denunció que la medida busca ‘dar carta blanca a los militares para disparar contra los migrantes’.
La ley de defensa nacional actual ya permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la Guardia Civil y la Policía Nacional en misiones de seguridad, pero no incluye la inmigración irregular como función explícita. La propuesta de Vox habría requerido una reforma del artículo 16 de la ley, que solo menciona el terrorismo. El rechazo en el Congreso deja sin efecto la iniciativa, aunque el debate refleja el enfrentamiento político por la gestión de la crisis migratoria, especialmente en Ceuta, donde la entrada masiva de migrantes en julio desató una polémica sobre la respuesta del Gobierno.
