La ley, que destina 6.200 millones adicionales a las autonomías, blinda el 50% de financiación estatal y elimina incompatibilidades en cuidados, pero bloquea medidas como ampliar ayudas a hijos con cáncer más allá de los 26 años
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados la aprobación definitiva de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, un texto que entrará en vigor sin incorporar ninguna de las enmiendas presentadas por el PP y Junts durante su tramitación en el Senado. El Gobierno, que ha recurrido al artículo 134.6 de la Constitución para vetar propuestas que implicaban un aumento de gasto, justificó la decisión como necesaria para evitar desequilibrios presupuestarios, aunque ha generado críticas desde la oposición por considerar que se ha eludido el debate parlamentario.
La nueva normativa, calificada por Bustinduy como «la mayor reforma social en décadas», incluye medidas como el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para personas con grado I de dependencia, la eliminación de incompatibilidades en las prestaciones de cuidados y la ampliación de la ayuda a domicilio más allá del hogar. Además, se destinarán 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027, con el objetivo de reducir las listas de espera a la mitad en 2028 y eliminarlas por completo en 2029, según los plazos anunciados por el ministro.
El texto también reconoce por primera vez la figura del cuidador no familiar —como parejas no casadas o vecinos— y reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia. En el ámbito de la accesibilidad, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar ayudas públicas cuando algún residente lo requiera, rebajando del 75% al 70% la aportación que deben asumir.
El veto del Gobierno a enmiendas clave del PP y Junts
El Ejecutivo bloqueó este lunes, mediante el artículo 134.6 de la Constitución, varias enmiendas del PP y Junts que habrían supuesto un aumento de gasto, entre ellas una propuesta para permitir que personas con cáncer u otras enfermedades graves puedan seguir percibiendo la prestación por cuidado de hijos más allá de los 26 años, siempre que existan necesidades de atención continua. Violante Tomás, diputada popular, calificó el veto de «inconstitucional» y denunció que el Gobierno «argumenta que ayudar a familias con niños con cáncer es un gasto», mientras aprueba partidas para el rearme militar. Jordi Salvador, de ERC, reprochó que se impida el debate sobre medidas «que las familias llevan años denunciando», y Nerea Renteria, del PNV, criticó que el veto «vacia de contenido» el trabajo parlamentario.
El PP acusó al Gobierno de «cobardía» por evitar la votación de enmiendas con las que, según admitió Tomás, «muchos grupos habríamos estado de acuerdo». La diputada popular subrayó que el Ejecutivo «no negocia de buena fe» y que su uso del veto «solo busca evitar el escrutinio público». Junts, por su parte, insistió en que la medida «no respeta el trabajo parlamentario» y que el bloqueo «impide soluciones concretas» a problemas como las listas de espera en la dependencia.
Un sistema reformado tras dos décadas sin cambios
La reforma modifica dos leyes fundamentales: la de dependencia, que amplía el catálogo de servicios —como la ayuda a domicilio para gestiones fuera del hogar— y elimina el régimen de incompatibilidades, permitiendo combinar centros de día con cuidados en el entorno familiar; y la de discapacidad, que simplifica trámites administrativos y reconoce automáticamente grados de discapacidad según el nivel de dependencia. Además, se crea un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar obras como rampas o audiodescripciones, y se obliga a las administraciones públicas a contribuir económicamente en reformas de accesibilidad en edificios de viviendas.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, la ley beneficiará a más de 4 millones de personas con discapacidad, 1,7 millones de usuarios del sistema de dependencia y medio millón de trabajadoras del sector de los cuidados. Bustinduy destacó que la financiación estatal del 50% —un compromiso incluido en la norma— y los 6.200 millones adicionales para autonomías «garantizan que las comunidades reduzcan las listas de espera», aunque no detalló cómo se distribuirán estos fondos entre las distintas CCAA.
¿Qué se juega cada actor?
Para el Gobierno, la aprobación de la reforma consolida su legado en políticas sociales antes de las próximas elecciones, aunque el veto a enmiendas ha dañado su imagen de negociación. El PP y Junts, por su parte, ven en el bloqueo una oportunidad para criticar el «despilfarro» del Ejecutivo, mientras ERC y el PNV apuestan por visibilizar el descontento autonómico con la gestión centralizada de fondos. Las comunidades autónomas, aunque recibirán financiación adicional, tendrán que adaptar sus sistemas a plazos ajustados: el ministro anunció que se monitorizará mensualmente el cumplimiento de los objetivos de reducción de listas de espera, lo que podría generar tensiones si alguna CCAA no logra los resultados esperados.
La reforma, la primera en el ámbito de la dependencia en 20 años, llega en un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de recursos en el sector de los cuidados. Según datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2021), el 19,8% de la población española mayor de 65 años tiene dependencia, una cifra que se espera que aumente en la próxima década. La nueva ley, sin embargo, omite abordar directamente la falta de personal cualificado en el sector, un problema que afecta a más de 500.000 profesionales, muchos de ellos en situación precaria.
