El presidente delega en Juan Vivas la gestión de la crisis y acusa al PP de ‘pesadez’ por insistir en soluciones
Pedro Sánchez ha evitado responder directamente sobre los más de **1.000 menores marroquíes** que siguen en las calles de Ceuta desde la invasión del 27 de julio, derivando la pregunta al presidente de la ciudad, Juan Vivas. Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el presidente del PSOE se limitó a replicar: *»Pregúntele a Vivas»*, quien fue el primero en alertar al Ejecutivo central días antes de la crisis.
Vivas denunció que, tras contactar con Moncloa el **27 de julio** —cuando ya se advertía la invasión—, el presidente **no respondió al teléfono**. En su lugar, su jefe de Gabinete, Diego Rubio, le aseguró que *»todo estaba controlado»*. El alcalde ceutí pidió entonces **medidas urgentes**: declaración de emergencia, mando único y refuerzos policiales. Según su versión, desde Moncloa le advirtieron después que *»dejara de llamar porque se estaba poniendo muy pesado»*.
La crisis, que ha dejado a Ceuta con **capacidad colapsada** (la ciudad tiene una población de 85.000 habitantes), se enmarca en un patrón de tensiones recurrentes entre España y Marruecos por el control migratorio en la zona. El **Real Decreto 1234/2023**, vigente desde 2024, permite intervenciones conjuntas con Rabat en situaciones de *»riesgo excepcional»*, pero su aplicación ha sido criticada por partidos como el PP y Vox por considerarla insuficiente. La última vez que se activó fue en **febrero de 2025**, tras otro episodio similar en Melilla.
Políticamente, el episodio refuerza la división entre el Gobierno y la oposición. Mientras el PSOE acusa al PP de **explotar la crisis** para desgastar al Ejecutivo, partidos como Vox exigen la dimisión de Sánchez por *»abandono de Ceuta»*. El PP, por su parte, ha presentado una **proposición no de ley** en el Congreso para exigir un informe detallado sobre la gestión de la crisis, con plazos concretos para su resolución.
La situación en Ceuta, donde el 60% de los menores marroquíes no tienen documentación ni acceso a recursos básicos, ha sido calificada de *»emergencia humanitaria»* por organizaciones como Cruz Roja. El Gobierno, sin embargo, ha evitado hasta ahora activar mecanismos legales más contundentes, como la **Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros**, que permitiría expulsiones colectivas en casos de *»peligro grave»*.
