La alcaldesa, María Jesús Serrano, anuncia recursos jurídicos y técnicos para frenar la planta en Córdoba
El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) ha decidido impugnar el proyecto de planta de biogás tras recibir un informe favorable de la Junta de Andalucía. La alcaldesa, María Jesús Serrano, confirmó este miércoles que el consistorio actuará «tanto jurídica como técnicamente» para paralizar la iniciativa dentro de sus competencias urbanísticas.
El proyecto, que cuenta con el respaldo de la administración autonómica, se enfrenta ahora a una oposición frontal del municipio. Serrano justificó la decisión al considerar que el informe de incidencia territorial emitido por la Junta no respeta las competencias locales en materia urbanística. La Comisión Informativa de Presidencia, convocada para analizar el caso, respaldó por unanimidad la línea de acción del Ayuntamiento.
La Junta de Andalucía, competente en medio ambiente y energía, ya había validado el proyecto en julio de 2026, pero el Ayuntamiento de Baena alega que no se han consultado los planes urbanísticos municipales. Este conflicto refleja la tensión recurrente entre administraciones locales y autonómicas en proyectos de infraestructuras energéticas, especialmente en zonas rurales donde el impacto ambiental y social es clave.
El próximo paso será presentar los recursos correspondientes ante los tribunales competentes. La Junta, por su parte, no ha reaccionado aún a la decisión municipal, pero fuentes cercanas al Gobierno andaluz advierten de que podrían recurrir a la vía administrativa para agilizar el proceso. Mientras, los vecinos de Baena, divididos entre quienes apoyan el proyecto por su potencial económico y quienes lo rechazan por riesgos ambientales, esperan con expectación el desarrollo de este enfrentamiento institucional.
La reunión se celebró el 16 de septiembre de 2026 a las 16:44h, donde la alcaldesa presidió la Comisión Informativa de Presidencia. Tras la sesión, Serrano aseguró que el Ayuntamiento seguirá trabajando tanto jurídica como técnicamente para paralizar el proyecto de biogás dentro de las competencias urbanísticas que tenemos.
