La Audiencia Nacional solicita informes policiales y militares para esclarecer alertas previas a la entrada masiva de migrantes
La jueza de la Audiencia Nacional **María Tardón** ha ordenado citar como testigos al **presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas**, y al **exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad, Gonzalo Sanz**, en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes los días **30 y 31 de julio**. La magistrada también ha solicitado a fuerzas de seguridad y militares los **análisis de riesgo y alertas** emitidas antes de los hechos, incluyendo sus destinatarios, medios de comunicación y fechas exactas. Las citaciones se fijaron para el **30 de septiembre** (Vivas) y el **1 de octubre** (Sanz), fecha en la que también declarará el **jefe actual de la Policía Local de Ceuta**.
La investigación se centra en determinar si hubo **fallos en la coordinación institucional** o **alertas ignoradas** antes de la crisis, que dejó a Ceuta con una capacidad de acogida colapsada. Según datos oficiales, la ciudad recibió **más de 5.000 migrantes en menos de 48 horas**, una cifra sin precedentes que obligó a desplegar recursos militares y activar protocolos de emergencia. La jueza busca esclarecer si las instituciones actuaron con la **anticipación necesaria** o si hubo **omisiones en la cadena de mando**.
El caso adquiere relevancia política porque afecta directamente a la **gestión del Gobierno central** y al **autogobierno de Ceuta**, una ciudad autónoma con competencias en seguridad y fronteras. La entrada masiva de migrantes tensó las relaciones entre el Ejecutivo y el Partido Popular, que gobierna en la ciudad, y puso en evidencia las **limitaciones del sistema de alertas tempranas** en zonas fronteras. La citación a Vivas y Sanz sugiere que la investigación podría explorar **responsabilidades administrativas**, aunque aún no hay indicios de delito penal.
La Audiencia Nacional ya había abierto diligencias previas en agosto para analizar los hechos, pero esta nueva fase amplía el alcance al incluir **documentación clasificada** de las fuerzas de seguridad. La solicitud de informes a policías y militares refleja la necesidad de cruzar datos entre distintos actores —desde la **Guardia Civil** hasta la **Policía Nacional**— para reconstruir la secuencia de decisiones. El plazo para presentar las declaraciones y documentos es ajustado, lo que podría acelerar el ritmo de la investigación antes de que finalice el año.
