La Asociación de Diplomáticos Españoles alerta de un estado ‘crítico’ en consulados por falta de recursos y denuncia ‘décadas de dejadez’ del Gobierno de Albares
Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), advierte este jueves de un servicio consular al borde del colapso: 2,5 millones de solicitudes pendientes, consulados desbordados en América Latina y un refuerzo de personal considerado insuficiente por los propios diplomáticos. La ADE celebra el 19 de octubre una jornada en el Congreso para exponer el ‘estado crítico’ de la red, donde la ley de nietos y la regularización de inmigrantes han multiplicado la carga de trabajo sin medios suficientes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, reconoció en 2025 un aumento del personal consular —de 320 a 657 efectivos—, pero los diplomáticos lo califican de ‘insuficiente’. La ADE, que agrupa al 70% de los funcionarios, denuncia que la situación responde a ‘décadas de dejadez gubernamental’, agravada por la gestión actual. Los consulados de Argentina, Cuba, México, Chile y Venezuela —destinos clave para la ley de nietos— son los más saturados.
El problema trasciende la nacionalidad: el crecimiento de gestiones por regularización de inmigrantes y el voto en el exterior añade presión sobre una red que, según la ADE, carece de medios técnicos y infraestructuras adecuadas. La asociación ha invitado a diputados, senadores, partidos políticos, comunidades autónomas y representantes de la sociedad civil —incluyendo al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el CRUE, el Club de Exportadores y ONG— para debatir soluciones en dos mesas redondas el próximo 19 de octubre en la sala ‘Ernest Lluch’ del Congreso.
El peso de la ley de nietos y la regularización
La ley de memoria democrática —aprobada en 2022— ha disparado las solicitudes de nacionalidad y visados, especialmente en consulados de países con comunidades españolas históricas. Según datos de la ADE, el volumen de citas solicitadas supera los 2,5 millones, una cifra que contrasta con el refuerzo de 337 efectivos anunciado por el Ministerio en 2025. ‘No es suficiente’, aseguran fuentes de la asociación, que subrayan que el aumento de carga de trabajo afecta también a trámites como la convalidación de títulos universitarios —un tema clave para el CRUE— y la movilidad laboral internacional, gestionada por la Asociación Española de Movilidad Laboral (FedEx).
El colapso no es nuevo: la ADE lleva años alertando sobre la precariedad de recursos humanos y materiales. En 2023, un informe interno del Ministerio reconocía que el 60% de los consulados operaban con ‘capacidad máxima’, pero la aprobación de la ley de nietos y el real decreto de regularización de 2024 —que amplió plazos para inmigrantes en situación irregular— han multiplicado la demanda. ‘Estamos ante un servicio público esencial que no puede funcionar con parches’, advierte un documento interno de la asociación, citado por El Confidencial.
¿Qué se juegan los partidos y las autonomías?
La jornada del 19 de octubre busca presionar no solo al Ministerio de Asuntos Exteriores, sino también a Economía y Hacienda —áreas clave para financiar reformas—. La ADE ha invitado expresamente a diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores, pero también a portavoces de Economía, donde se debaten partidas presupuestarias. El PSOE, en el Gobierno, deberá justificar su gestión ante un servicio diplomático que, según la asociación, ‘prioriza la imagen política sobre la atención al ciudadano’. El PP y Vox, en la oposición, podrían usar el debate para exigir mayor control parlamentario, mientras que partidos como ERC o Junts podrían vincular el tema a su defensa de los derechos de los españoles en el exterior —un electorado clave en sus regiones.
Las comunidades autónomas también tienen un papel: algunas, como Cataluña o Andalucía, gestionan convenios bilaterales con países de América Latina donde la demanda de nacionalidad es mayor. La ADE ha incluido en la invitación a representantes autonómicos para explorar sinergias, aunque fuentes consultadas señalan que ‘la falta de coordinación entre administraciones agrava el problema’.
Los sindicatos exigen reformas urgentes
La segunda mesa redonda contará con representantes de los sindicatos más influyentes en el Servicio Exterior: la propia ADE, Fedeca (sindicato mayoritario en la carrera diplomática), CCOO y CIF. Estos colectivos han denunciado en reiteradas ocasiones la ‘externalización abusiva’ de servicios —como la gestión de visados, subcontratada a empresas privadas— y la falta de estabilidad laboral. ‘No se trata solo de más personal, sino de un modelo sostenible’, señala un portavoz de Fedeca, que reclama la derogación de la Ley de Contratos del Sector Público —aprobada en 2021— por limitar la contratación temporal en el exterior.
El sindicalismo también alerta sobre la ‘des profesionalización’ del cuerpo diplomático: según datos de la ADE, el 40% de los puestos en consulados están ocupados por funcionarios en ‘misiones puntuales’, sin formación específica. Esto afecta directamente a la atención a ciudadanos españoles en el exterior, un colectivo que, según el Consejo General de la Ciudadanía Española, supera los 3,5 millones de personas. ‘La calidad del servicio depende de quienes lo prestan’, subraya la asociación, que pide la creación de una ‘comisión parlamentaria permanente’ para supervisar el Servicio Exterior.
El precedente de la crisis de 2019 y el voto en el exterior
El actual colapso no es aislado: en 2019, una crisis similar estalló tras la aprobación de la ley de memoria histórica, que también incrementó las solicitudes de nacionalidad. Entonces, el Ministerio de José Luis Ábalos (Asuntos Exteriores en el Gobierno de Pedro Sánchez) anunció un plan de ‘refuerzo excepcional’, pero los diplomáticos criticaron su falta de ejecución. La diferencia ahora es el contexto: la regularización de inmigrantes y el voto en el exterior —que en 2023 superó el 1,2 millones de votantes— han añadido capas de complejidad.
El voto en el exterior, en particular, es un tema sensible: la ley orgánica de 2022 amplió los plazos para votar desde el extranjero, pero la falta de personal en consulados ha retrasado la emisión de certificados electorales. Según datos del Ministerio del Interior, el 30% de las solicitudes de voto desde el exterior en 2025 quedaron pendientes hasta el último momento. ‘Esto no es solo un problema logístico, es un riesgo democrático’, advierte la ADE, que propone la creación de ‘oficinas especializadas’ en consulados para gestionar trámites electorales.
El debate del 19 de octubre podría marcar un antes y después. Si los partidos logran un consenso, el Gobierno deberá decidir entre incrementar el presupuesto —con el recorte del 3% aplicado en 2024 como telón de fondo— o priorizar áreas como la lucha contra la inmigración irregular, donde la UE exige mayor presencia consular. La ADE ya ha adelantado que presentará un ‘plan de emergencia’ con medidas concretas: desde la digitalización de trámites hasta la creación de una ‘reserva de diplomáticos’ para cubrir picos de demanda. ‘No pedimos milagros, pedimos que se nos trate como un servicio público esencial’, resume Virella.
