El ministro rechaza dimitir por la crisis migratoria y anuncia obras por 10 millones para reforzar la frontera, mientras PP y Vox exigen su salida
Fernando Grande-Marlaska ha defendido este miércoles en el Congreso el despliegue de 1.600 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Ceuta para gestionar la crisis migratoria, tras acusar al PP y a Vox de ‘insultar’ a los ceutíes al tacharle de ‘incompetente’ por la gestión de la entrada de más de 70.000 migrantes en julio.
El ministro ha rechazado dimitir por participar en lo que el diputado popular Miguel Tellado calificó como ‘mentira de Estado’, y ha recordado que el objetivo es reducir en 13 puntos el índice de criminalidad en la ciudad autónoma. Además, ha anunciado que se iniciarán ‘inmediatamente’ obras para alargar el espigón fronterizo con una inversión de más de 10 millones de euros.
Marlaska ha respondido a las críticas del PP y Vox —que le acusan de ‘trapichear’ con Marruecos— recordando que desde julio ya se había ordenado un refuerzo de 70 agentes y siete embarcaciones tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el retorno por mar de migrantes. También ha emplazado a ambos partidos a votar a favor del decreto ley con 309 millones para Ceuta, de los que 19 están destinados a las fuerzas de seguridad.
El ministro ha desmentido además el ‘bulo’ del diputado Ignacio Gil Lázaro (Vox) sobre una supuesta alerta de la CIA sobre la entrada masiva de migrantes, y ha subrayado que desde Bruselas se ha reconocido la ‘comunicación real y efectiva’ con las instituciones europeas. Su comparecencia ha tenido lugar en una sesión de control al Gobierno, donde ha insistido en que ‘hago bien en seguir en este Gobierno progresista’.
La crisis de Ceuta sigue abierta con más de 300 migrantes detenidos y expulsados desde el inicio del despliegue de refuerzos, pero el PP y Vox mantienen su presión para que Marlaska asuma responsabilidades políticas. El decreto ley de 309 millones, en tramitación, incluye fondos para seguridad, infraestructuras y atención social, aunque su aprobación en el Congreso depende del apoyo parlamentario.
