La dirigente fija como condición indispensable el reconocimiento del país de origen y la reclamación paterna para cualquier repatriación
Ester Capella condiciona cualquier expulsión de menores migrantes al cumplimiento estricto de la ley y reclama al Estado dotar de recursos suficientes la red asistencial catalana. La dirigente expuso esta postura en una entrevista concedida este 16 de septiembre al programa Cafè d’idees. Durante su intervención, remarcó que las devoluciones exigen un procedimiento administrativo garantista. Ese trámite incluye un requisito ineludible: que «el país del que provienen los reconozca» formalmente antes de ordenar cualquier traslado.
El regreso de los menores a sus países de origen solo procede «si los padres los reclaman», según defendió la representante política. La posición de su formación sostiene que el entorno familiar prioritario es donde «mejor» se encuentran los jóvenes. No obstante, advirtió de que cuando esa reagrupación familiar resulta inviable, la administración pública debe «dar cobertura a estos infantes». Para ello, planteó la necesidad de «desplegar toda la red de acogida que tiene el Estado y Cataluña» de manera coordinada.
La capacidad de los servicios de protección social catalanes centró buena parte de su mensaje ante la falta de partidas suficientes. Cataluña «históricamente ha hecho lo que le tocaba hacer y más», subrayó en la citada entrevista. Ante esa sobrecarga, reclamó que las autoridades doten los medios financieros indispensables para garantizar una atención de calidad. El objetivo radica en asegurar que los menores «tengan cubiertas sus necesidades» y vivan «en las mejores condiciones, como si estuviesen en su casa».
El debate sobre la distribución y tutela de los menores extranjeros no acompañados tensa las relaciones entre las comunidades autónomas y la Administración central. Las comunidades asumen en exclusiva la competencia sobre protección de la infancia y tutela efectiva. Sin embargo, las regiones receptoras denuncian de forma reiterada la insuficiencia de las transferencias presupuestarias directas para sostener los centros residenciales. Este choque competencial se produce en plena discusión territorial sobre las cuotas vinculantes de derivación entre autonomías.
La legislación española y los tratados internacionales de protección del menor supeditan cualquier repatriación al interés superior del niño. Este marco legal impide las entregas sumarias e impone la intervención obligatoria del Ministerio Fiscal en cada expediente. A su vez, el país de origen debe garantizar una reintegración familiar segura o la custodia formal en sus propios servicios sociales. Sin la acreditación formal de la filiación y el informe de las autoridades consulares, los expedientes de retorno quedan archivados de manera automática.
La postura manifestada en la entrevista marca el terreno de negociación política de cara a los futuros acuerdos presupuestarios y legislativos sobre inmigración. La reclamación de partidas económicas busca blindar la red autonómica frente al incremento continuado de llegadas a las fronteras españolas. Al exigir garantías previas a la repatriación, se frena cualquier intento de agilizar las devoluciones sin el visto bueno de las familias y de los países de origen.
