Marruecos acepta readmitir a los irregulares, pero España aplica un proceso individualizado que alarga semanas el regreso de quienes no tienen derecho a asilo
El Gobierno central tiene identificados a **1.800 migrantes** en Ceuta, pero no puede devolverlos de inmediato. Aunque Marruecos ha confirmado su disposición a readmitir a quienes entraron irregularmente en la ciudad autónoma, España aplica un protocolo legal que exige analizar cada caso individualmente, incluso para ciudadanos marroquíes, considerados país de origen seguro por la UE. El proceso, diseñado para garantizar derechos, se ha ralentizado por disputas entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Ceuta sobre la ubicación de los centros de acogida, y por la necesidad de evitar errores como los juzgados en 2021, cuando un intento acelerado de repatriar a 55 menores fue declarado ilegal.
La lentitud del sistema contrasta con la urgencia social. Los **1.800 migrantes identificados** —de los miles que viven en asentamientos improvisados en playas como Tarayal o Benítez— esperan semanas, incluso meses, para ser devueltos o, en su caso, reconocidos como refugiados. El Gobierno asegura que los triajes avanzan a «velocidad de crucero», pero el proceso no termina con la identificación: cada solicitud de asilo debe ser evaluada, y los marroquíes, pese a ser considerados país seguro, pueden demostrar excepciones individuales. El pacto migratorio de la UE, vigente desde junio, acelera los trámites, pero no elimina este análisis.
El retraso tiene un coste político. Ceuta, colapsada por la llegada masiva de migrantes en mayo y junio, aún no ha recuperado la normalidad. La ciudad autónoma, gobernada por el PP, acusa al Gobierno central de falta de coordinación, mientras que el Ejecutivo central insiste en que cumple la ley. La tensión institucional se suma a la humanitaria: los migrantes, muchos de ellos en condiciones precarias, dependen de una respuesta que, según fuentes oficiales, podría alargarse semanas más.
El precedente de 2021: cuando la prisa judicialmente
El actual bloqueo legal tiene un antecedente reciente: en 2021, el Gobierno intentó acelerar la repatriación de **55 menores migrantes** sin garantizar sus derechos. Los tribunales lo declararon ilegal y condenaron a los responsables con inhabilitación de **nueve años**. Este caso marcó un límite claro: las devoluciones no pueden ser automáticas, ni siquiera en situaciones de emergencia. La sentencia obligó a reformular los protocolos, priorizando la protección individual sobre la rapidez. Hoy, ese marco legal sigue vigente, y su aplicación estricta es la razón por la que Ceuta sigue con miles de personas en situación irregular sin solución a corto plazo.
El pacto UE y sus límites: agilidad sin atajos
El nuevo pacto migratorio de la UE, aprobado el **12 de junio de 2026**, introduce mecanismos para agilizar la identificación de migrantes, pero mantiene el principio de que cada caso debe ser evaluado. Esto incluye a marroquíes, aunque la UE los considere país de origen seguro. La diferencia con el pasado es que ahora hay plazos más cortos para completar los trámites, pero no se eliminan las garantías. Por ejemplo, un migrante marroquí puede solicitar asilo alegando persecución individual, y España debe analizar su caso. Este sistema, diseñado para evitar errores como el de 2021, choca ahora con la saturación de Ceuta, donde los recursos son limitados y la presión política es alta.
Ceuta vs. Madrid: la disputa por los centros de acogida
Uno de los principales cuellos de botella es la falta de acuerdo entre el Gobierno central y el de Ceuta para ubicar los centros de acogida donde se filiará a los migrantes. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca soluciones en la ciudad autónoma, el PP local rechaza las propuestas, alegando falta de capacidad o impacto social. Esta disputa ha retrasado la apertura de espacios necesarios para avanzar en las identificaciones. El último centro en activarse, el pasado **domingo 15 de septiembre**, tiene capacidad para **850 personas**, pero aún quedan miles sin ubicar. La falta de consenso institucional añade semanas al proceso, justo cuando la UE y la opinión pública exigen soluciones rápidas.
¿Qué pasa después? El calendario de las devoluciones
Según fuentes del Ministerio del Interior, el proceso de identificación y evaluación de los **1.800 migrantes ya registrados** podría completarse en **4 a 6 semanas**, siempre que no surjan nuevos obstáculos legales o institucionales. Sin embargo, esto no significa que todos sean devueltos de inmediato: aquellos que soliciten asilo deberán esperar a que se resuelva su caso, lo que puede alargarse meses. Para los demás, el retorno dependerá de la cooperación con Marruecos, que ha mostrado disposición, pero también de la logística para organizar vuelos o traslados. Mientras tanto, Ceuta sigue en alerta, con recursos sanitarios y sociales al límite y una población local frustrada por la falta de avances.
El caso de Ceuta refleja una tensión global: la necesidad de controlar las fronteras chocando con la obligación legal de proteger a los migrantes. En un contexto donde la UE presiona por soluciones rápidas, España se aferra a un modelo garantista que, en situaciones de emergencia, se convierte en un obstáculo. La pregunta que queda en el aire es si, esta vez, el sistema aguantará la presión sin repetir los errores del pasado.
