Miguel Ángel Pérez Triano pidió la dimisión de Gonzalo Sanz por no informarle del aviso del CNI sobre el asalto a la frontera
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, pidió la cabeza de su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, por no informarle antes del cruce masivo de que un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le había trasladado que en redes sociales se estaba avivando un llamamiento para asaltar la frontera. Sanz presentó ayer su dimisión tras una reunión de presiones, según ha podido saber La Vanguardia. En la carta remitida a la Delegación del Gobierno, Sanz quiso dejar dos mensajes que complican el relato oficial: que él sí trasmitió a su jefe lo que el espía español le había contado la tarde previa a la avalancha y que «existen informes» que demuestran que se realizaron avisos a distintos ministerios.
Los papeles desclasificados revelaron el pasado miércoles una conversación el 29 de julio de WhatsApp entre el CNI y la Delegación del Gobierno. En ella se informó de una convocatoria detectada en dos grupos de Facebook, con 180.000 seguidores. Esa misma noche también tuvo lugar una llamada de 11 minutos. Ese aviso no se elevó, produciéndose en ese punto la brecha de información. Ni el CNI, a tenor de los documentos desclasificados, la escaló al Ministerio de Defensa, ni la Delegación al de Interior.
Tras hacerse públicos los informes, el delegado del Gobierno convocó de urgencia a la prensa para explicar que antes del 30 de julio su mano derecha le ocultó estas conversaciones. Algo en lo que insistió ayer a través de un comunicado tras airearse la carta de dimisión de Sanz, en la que este plasmó que sí informó a su superior «ese mismo día». No obstante, el choque de trenes entre quienes hasta ayer eran estrechos colaboradores no es total, pese a que las versiones sobre la transmisión de la información son contradictorias.
Según fuentes de sus entornos, ambos mantienen que el CNI no calibró la magnitud de lo que estaba por venir en Ceuta. Ni se hizo una estimación de las personas que podrían movilizarse –más allá de dar la cifra total de grupos en Facebook que cualquier puede consultar–, ni se valoró la probabilidad de que la convocatoria se materializase. En su carta de dimisión, Sanz también dejó un recado para el Gobierno central. «Desde la Delegación se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto, sabedor de que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó hacia los distintos ministerios», escribió el ex jefe de gabinete.
El 27 de julio, la Delegación del Gobierno emitió un comunicado conjunto con la Presidencia de la ciudad autónoma en el que advertían que se habían trasladado de «manera urgente al más alto nivel institucional» la presión migratoria que sufría Ceuta. El presidente ceutí Juan Vivas ahondó ayer en esta idea, revelando que el Gobierno restó importancia a sus advertencias. El mismo día del comunicado, Vivas trató de contactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero desde Moncloa le remitieron a su jefe de Gabinete. Según su versión, incluso le pidieron que dejara de llamar porque se estaba poniendo «muy pesado».
Pero ese 27 de julio en el que se ha puesto el foco el escenario era muy distinto a lo que finalmente se acabó produciendo. La semana previa entraron 1.000 personas a nado. Unos números que en una ciudad tan pequeña suponen el desbordamiento de sus servicios de atención. Pero es que tres días más tarde accedieron, en 48 horas, más de 70.000 migrantes. A diferencia de los nadadores, la mayoría que cruzaron los 30 y 31 de julio volvieron a Marruecos. Y ahí está el salto cualitativo que parece que nadie previó: de un grave repunte migratorio, como en veranos anteriores, se pasó a un ataque a la integridad territorial.
