Jueces y fiscales progresistas piden resolver el caso antes de las elecciones de 2027 para evitar confrontación partidista
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de los españoles residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad por la llamada ‘ley de nietos’, tras un recurso de Vox e Iustitia Europea. La decisión afecta a quienes no acrediten ser descendientes directos de exiliados políticos durante el franquismo, según la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
La resolución, que obliga a verificar individualmente cada caso, choca con una instrucción del Ministerio de Justicia que consideraba automáticamente exiliados a todos los españoles que abandonaron España durante la dictadura. El ministro Félix Bolaños, del PSOE, ha calificado el auto de ‘muy discutible jurídicamente’ y ha pedido al Supremo que resuelva el conflicto antes de las elecciones de 2027, advirtiendo de que ‘el censo no puede alterarse sin base legal sólida’.
Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales han criticado la medida por privar de un derecho fundamental ‘sin examen individualizado’ y sin que los afectados hayan sido parte del proceso. Alertan de que la decisión genera ‘una diferencia de trato’ con otros ciudadanos y que el riesgo de alteración del censo, esgrimido por el Supremo, ‘se proyecta sobre procesos electorales futuros’, mientras el perjuicio de la suspensión es ‘inmediato y concreto’.
El conflicto surge porque la instrucción ministerial, aprobada tras la ley, amplió el criterio de exilio político más allá de lo establecido en la normativa, algo que el Supremo ahora cuestiona. Las asociaciones judiciales coinciden en que el objetivo del fallo —garantizar la transparencia del censo— es legítimo, pero denuncian que la solución ‘no resuelve el fondo’ y que el debate debe cerrarse antes de cualquier convocatoria electoral para evitar ‘convertir el censo en objeto de confrontación partidista’.
La polémica llega en un contexto de creciente polarización política, donde partidos como Vox y formaciones progresistas como Podemos o ERC han defendido posturas opuestas sobre la ley de memoria histórica. El Supremo deberá ahora resolver si la instrucción ministerial vulnera la ley o si, por el contrario, debe mantenerse hasta que se aclare el criterio de exilio político.
