La mayoría conservadora del alto tribunal anula iniciativas migratorias y legales, pese a la presión del presidente para alinear al poder judicial con su agenda
Donald Trump ha visto frustradas varias de sus prioridades legales en su segundo mandato tras decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un órgano con mayoría conservadora desde 2016, pero que ha limitado su margen de acción en áreas clave como migración y derechos sociales.
El alto tribunal, con seis de sus nueve miembros nombrados durante la presidencia republicana, ha bloqueado iniciativas clave del Gobierno de Trump, incluyendo medidas migratorias y la derogación de derechos consolidados como el acceso al aborto en todo el país desde 2022. Estas decisiones contrastan con la línea dura que el presidente ha impulsado en otros frentes, como la restricción de visados o la construcción del muro en la frontera con México.
La tensión entre Trump y el Tribunal Supremo se ha agudizado en los últimos meses, con el presidente exigiendo públicamente mayor lealtad al poder judicial. Sin embargo, fallos como el que mantuvo vigente la protección al aborto en Michigan —uno de los estados más conservadores— o la limitación a sus políticas migratorias han generado fricciones con la base republicana, que ve en el alto tribunal un obstáculo para su agenda.
El Tribunal Supremo ha actuado como contrapeso en decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana de millones de ciudadanos, desde la regulación del acceso a medicamentos hasta la interpretación de leyes estatales en conflictos con normas federales. Su papel como árbitro final en casos de alcance nacional —como el de la Ley de Derechos al Voto o las disputas por el Censo de Población— ha convertido al órgano en un actor central en la polarización política estadounidense.
El contexto: un tribunal con mayoría conservadora, pero no alineado
El actual Tribunal Supremo de EE.UU. refleja el equilibrio de poder político de las últimas décadas: tres de sus miembros fueron nombrados por Donald Trump (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett), mientras que otros tres lo fueron por presidentes republicanos anteriores (John Roberts, Samuel Alito y Clarence Thomas). Los tres restantes —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— fueron designados por Barack Obama y Joe Biden, respectivamente.
Aunque la mayoría conservadora ha permitido avances en temas como la limitación del poder regulador federal o la restricción de derechos reproductivos, también ha generado divisiones internas. Fallos como el que mantuvo la legalidad del Obamacare (ley de salud universal) o la limitación a las prohibiciones estatales del aborto han demostrado que incluso con seis jueces conservadores, el tribunal no actúa como un bloque monolítico.
¿Qué se juega Trump en esta batalla?
Para Trump, el control del Tribunal Supremo es una prioridad estratégica. Durante su primer mandato (2017-2021), logró nombrar a tres de sus actuales miembros, lo que le permitió consolidar una mayoría conservadora que ha revertido décadas de jurisprudencia progresista. Sin embargo, su segundo mandato (2025-2029) enfrenta un escenario distinto: el tribunal, aunque mayoritariamente conservador, ha mostrado resistencia a medidas que podrían interpretarse como una interferencia directa en derechos civiles o en la autonomía de los estados.
La presión de Trump sobre el alto tribunal no es nueva. Durante su primer mandato, criticó abiertamente a jueces que se oponían a sus políticas, como el caso de Robert Mueller o las investigaciones sobre su campaña electoral. Ahora, con un segundo mandato, su retórica se ha intensificado, acusando al tribunal de «activismo judicial» cuando sus decisiones no favorecen sus objetivos. Esta estrategia busca movilizar a su base electoral, pero también genera desconfianza en sectores moderados del Partido Republicano.
El conflicto entre Trump y el Tribunal Supremo no es solo jurídico, sino político. El presidente ha utilizado el poder judicial como un símbolo de su lucha contra lo que define como «el establishment liberal», mientras que los fallos adversos han servido para alimentar la narrativa de una «élite desconectada». Sin embargo, la realidad es más matizada: el tribunal, incluso con mayoría conservadora, actúa como un contrapeso institucional que limita el margen de maniobra del Ejecutivo, independientemente del partido que lo ocupe.
