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Trump acusa al Tribunal Supremo de «estafa» tras tumbar su veto al voto por correo en EE.UU.

Trump acusa al Tribunal Supremo de "estafa" tras tumbar su veto al voto por correo en EE.UU.
Wikimedia Commons (Donald Trump)
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El presidente republicano denuncia un fallo que facilita, según él, fraudes en las elecciones de noviembre, mientras Alito y Thomas disienten abiertamente

Donald Trump ha calificado este martes de «estafa» y «sistema corrupto» la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de rechazar su intento de restringir el voto por correo, un método utilizado por casi un tercio de los electores estadounidenses. El mandatario republicano, en un mensaje en su red social Truth Social, aseguró que el fallo judicial —que impide aplicar su normativa antes de las elecciones de medio mandato del 5 de noviembre— es una «gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos».

Trump insistió en que el voto por correo, que considera «fuera de control», es objeto de burla internacional y acusó a los jueces de facilitar fraudes a la izquierda radical. «Ahora tienen vía libre para hacer trampas», escribió, añadiendo que el Tribunal Supremo «ha decepcionado a nuestro país».

El Supremo, con una mayoría de 6 jueces conservadores y 3 progresistas, rechazó el lunes la petición de emergencia de la Administración Trump para obligar al servicio postal a enviar papeletas solo a ciudadanos inscritos en listas estatales. La decisión, adoptada por 6 votos a favor y 3 en contra, deja en pie el sistema actual, que permite el envío automático de papeletas a todos los votantes registrados.

Trump destacó que solo los magistrados Samuel Alito y Clarence Thomas —ambos conservadores— votaron en contra del fallo, y los tachó de «aterrorizados» ante lo que llamó «demócratas enloquecidos». «Son incapaces de mostrar el valor necesario para salvar a nuestra nación», añadió.

El contexto: cómo llegó la normativa de Trump al Supremo

La disputa legal comenzó en julio, cuando la Administración Trump presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo para bloquear una orden judicial que impedía al gobierno federal imponer nuevas restricciones al voto por correo. El Departamento de Justicia argumentó que la medida, que exigía a los estados verificar manualmente las solicitudes de voto por correo, era necesaria para evitar fraudes. Sin embargo, los jueces fallaron en contra, confirmando una decisión previa de un tribunal inferior que consideraba la normativa federal una intrusión en las competencias estatales.

Este caso refleja la polarización en EE.UU. sobre el voto por correo, un método que se expandió durante la pandemia y que los republicanos, liderados por Trump, acusan de propiciar irregularidades. Según datos del U.S. Election Assistance Commission, alrededor del 29% de los votantes en las elecciones de 2022 optaron por esta modalidad, una cifra que podría aumentar en noviembre.

¿Qué implica el fallo para las elecciones de noviembre?

El rechazo del Supremo mantiene el status quo en 33 estados que ya permiten el voto por correo sin restricciones adicionales, lo que beneficia especialmente a los votantes mayores, urbanos y de zonas rurales, grupos con mayor tendencia demócrata. Sin embargo, 17 estados —la mayoría gobernados por republicanos— ya habían aprobado leyes para limitar este método, como plazos más cortos para solicitar papeletas o requisitos de identificación más estrictos.

Trump, que podría presentarse de nuevo como candidato en 2024, ha convertido la lucha contra el voto por correo en un eje central de su discurso, acusando repetidamente a los demócratas de usar este sistema para cometer fraudes. Su retórica ha escalado desde 2020, cuando cuestionó los resultados electorales sin pruebas, alegando irregularidades masivas. El fallo del Supremo, aunque técnico, refuerza su narrativa de persecución política, mientras los demócratas ven en la decisión un respaldo a la integridad del proceso electoral.

La Corte Suprema de EE.UU. ha sido epicentro de tensiones desde que los republicanos obtuvieron una mayoría conservadora en 2016. Este caso, junto a otros como la limitación del aborto o el control de armas, consolida su papel como árbitro de las reglas electorales en un país donde el debate sobre el acceso al voto sigue abierto.

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