La comisión de investigación convoca a ambos para el 28 de septiembre, coincidiendo con el Debate de Política General de Pérez Llorca
La comisión de investigación sobre la **dana** —la catástrofe que arrasó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024— ha citado a comparecer por segunda vez a **Salomé Pradas** (exconsellera de Interior) y **Vicent Mompó** (presidente de la Diputación de Valencia). Ambos están convocados para el **28 de septiembre**, en una sesión que busca aclarar las contradicciones en sus versiones sobre la gestión de la emergencia.
La citación, aprobada por la mesa parlamentaria presidida por la socialista **Carmen Martínez**, coincide con el **debate de política general** en Les Corts Valencianes, donde el actual president de la Generalitat, **Juanan Pérez Llorca**, defenderá su gestión ante los diputados. Pradas comparecerá por la tarde, mientras Mompó lo hará por la mañana, ambos obligados a responder bajo juramento.
Esta nueva ronda de declaraciones se suma a las ya programadas para el **21 de septiembre**, cuando el expresidenta **Carlos Mazón** y el exnúmero dos de Emergencias, **Emilio Argüeso**, volverán a ser interrogados. La comisión investiga si hubo fallos en la coordinación institucional y en la comunicación de riesgos antes y durante la catástrofe, que dejó **15 muertos** y daños por más de **1.200 millones de euros** en infraestructuras.
El plazo para las comparecencias coincide con el segundo aniversario de la dana, un hito que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad política. Mientras, el Govern de Pérez Llorca —que asumió el cargo en julio de 2023— enfrenta críticas por la lentitud en la reconstrucción de zonas como **Ondara** o **Altea**, donde aún persisten cortes de suministro y viviendas inhabitables.
La comisión, con mayoría socialista, ha priorizado las declaraciones de Pradas y Mompó por sus cargos clave durante la crisis: ella como máxima responsable de seguridad en la Generalitat y él como coordinador territorial. Sus testimonios podrían revelar si hubo retrasos en la activación de protocolos o en la movilización de recursos, según documentos internos ya analizados por los diputados.
