El partido presenta un escrito al Supremo para evitar que la Administración alegue defectos procesales y anule la sentencia futura sobre el CERA
Vox ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Supremo para emplazar a todas las personas que podrían verse afectadas por la sentencia sobre las nacionalizaciones derivadas de la ley de nietos. La formación, a través de su abogado Jorge Buxadé, pide que la Junta Electoral Central (JEC) notifique a los 10.000 potenciales afectados —tanto los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como quienes aún no lo están— y así evitar que la Administración alegue en el futuro un defecto procesal para anular la sentencia.
El escrito, firmado por Buxadé —vicepresidente de Acción Política de Vox—, se basa en el artículo 49 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La formación advierte de un riesgo cierto de que las Administraciones, como la JEC o los ministerios de Presidencia y Exteriores, puedan invocar después la falta de emplazamiento de los afectados para impugnar la sentencia. Vox busca cerrar esta vía antes de que se dicte el fallo definitivo.
El movimiento llega tras la vista sobre medidas cautelares y el auto dictado por el Supremo el pasado 11 de septiembre. Según el escrito, la JEC ya emplazó a los ministerios y organismos públicos en la vista, pero no a los afectados directos. Vox argumenta que, si ahora se notifica a estos, se evita que la Administración alegue después su propio incumplimiento como motivo de nulidad.
La ley de nietos, aprobada en 2022, permite la nacionalización a descendientes de españoles exiliados por la Guerra Civil. El CERA, donde se inscriben estos casos, ha crecido exponencialmente desde entonces, con más de 100.000 personas en trámite. La sentencia del Supremo podría redefinir el alcance de estas nacionalizaciones, y Vox busca garantizar que los afectados puedan defender sus derechos en el proceso.
El escrito también solicita suspender temporalmente el procedimiento principal mientras se realizan los emplazamientos, pero mantiene vigente la medida cautelar ya acordada por el Supremo. Así, se protege a los afectados sin paralizar el avance del caso.
