El Gobierno usa la suspensión cautelar del voto para 400.000 nacionalizados como distracción política mientras Sánchez mantiene su plazo de resolver la emergencia en la ciudad autónoma
Óscar Puente, secretario de Estado de Comunicación, ha acusado este martes al Tribunal Supremo de «cavar su propio desprestigio» en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, vinculando la polémica por la suspensión cautelar del derecho a voto de 400.000 nacionalizados por la ley de nietos con la estrategia del Gobierno para desviar la atención de la crisis de Ceuta. La intervención, inusual para un ministro de Transportes, se produjo un día después de que Óscar López, ministro de Justicia, calificara a algunos magistrados de «lobos solitarios».
Puente, sentado en la mesa de la Moncloa —algo que no ocurría desde el 9 de junio—, centró su ataque en la asociación de jueces Francisco de Vitoria, que había respaldado al Supremo en un comunicado. Preguntó retóricamente si la asociación «considera que las palabras de Antonio Narváez, ponente del auto que suspende el voto, garantizan la apariencia de imparcialidad». Recordó literalmente las declaraciones de Narváez a Alberto Núñez Feijóo: «quería que llegara al Gobierno antes del último fiasco electoral del señor Feijóo» y «sembró dudas sobre Indra en relación con el recuento de votos». También cuestionó a los magistrados de la Junta Electoral Central, que calificaron de «despropósito jurídico» el auto del Supremo.
El secretario de Estado acusó a los jueces de «escudarse en las declaraciones de los políticos» y advirtió: «La población española no piensa por lo que diga un ministro, sino que tienen ojos y oídos». A su lado, Elma Saiz, portavoz del Gobierno, limitó su respuesta a reiterar que las críticas «constatan la necesaria imparcialidad».
La estrategia del Ejecutivo, según fuentes de la Moncloa, busca usar el conflicto judicial para aliviar la presión sobre Pedro Sánchez, quien se marcó como plazo para resolver la crisis de Ceuta «antes de fin de año» en su entrevista con La Sexta el lunes. Sánchez equiparó a los afectados por la ley de nietos con «cualquier otro español» y advirtió: «¿Se puede suspender un derecho esencial a 400.000 personas?». Aunque el Gobierno aclara que se «alegraría» si el Supremo permite finalmente el voto, su objetivo inmediato es mantener la polémica judicial como distracción política.
El contexto: cómo la ley de nietos y el Supremo se convierten en arma política
La suspensión cautelar del voto para los nacionalizados por la ley de nietos —aprobada en 2022— responde a un recurso del Partido Popular y Vox que cuestiona su constitucionalidad. El auto del Supremo, con cinco votos a favor y uno en contra, no anula la ley, pero sí bloquea su aplicación hasta que se resuelva el fondo del caso. La medida afecta a unos 400.000 ciudadanos, muchos de ellos mayores de 80 años, que podrían perder el derecho a votar en las próximas elecciones.
El conflicto judicial se enmarca en una estrategia del PP para presionar al Gobierno. Feijóo ya había criticado la ley en campaña, y ahora usa el recurso para atacar la «injerencia política» en la Justicia. La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido desproporcionada: mientras López atacó a los magistrados, Puente ha vinculado el caso con la crisis de Ceuta, donde el Ejecutivo lleva semanas bajo presión por el colapso humanitario y las acusaciones de Marruecos de «instrumentalización».
La asociación Francisco de Vitoria, mayoritaria entre los jueces, ha defendido la independencia judicial, pero Puente la acusó de «corporativismo». La tensión refleja la polarización en el poder judicial: mientras el Supremo se enfrenta a críticas por su cercanía al Gobierno, asociaciones como la Francisco de Vitoria denuncian «presiones políticas». El caso podría escalar si el PP insiste en el recurso o si el Gobierno acelera una reforma legal para evitar un fallo definitivo en contra.
Las implicaciones: ¿distracción política o guerra abierta contra la Justicia?
El uso de la ley de nietos como distracción política es un riesgo para el Gobierno. Aunque la crisis de Ceuta domina la agenda, la polémica judicial podría derivar en una batalla institucional más amplia. Vox ya ha anunciado que pedirá una comisión de investigación en el Congreso sobre «injerencias» en el Supremo, mientras el PP presiona para que el recurso se resuelva antes de las elecciones autonómicas de 2027.
Para los afectados por la ley, el plazo es crítico: si el Supremo mantiene la suspensión hasta después de las elecciones, podrían perder el derecho a votar en un proceso clave. Sánchez ha evitado hasta ahora una reforma exprés, pero la presión de la oposición y el desgaste en Ceuta podrían obligarle a actuar. La pregunta es si el Gobierno priorizará la unidad interna —evitando cambios legales— o si cederá para evitar un colapso judicial y político.
El caso también revela las grietas en la mayoría judicial. Mientras la Junta Electoral Central (dominada por magistrados afines al Gobierno) ha criticado el auto, otros sectores del poder judicial, como la Asociación Profesional de la Magistratura, han pedido prudencia. La división interna podría debilitar la imagen de la Justicia en un momento en que el Gobierno necesita credibilidad para gestionar crisis como la de Ceuta.
Finalmente, el episodio subraya cómo el Ejecutivo usa herramientas legales para desviar la atención. La ley de nietos, aunque polémica, no era una prioridad en la agenda política hasta que el PP la convirtió en un arma. Ahora, el Gobierno responde con ataques a la Justicia, pero el riesgo es que la estrategia se vuelva en su contra: si la población percibe que el conflicto es artificial, el desgaste podría ser mayor que el beneficio.
