La formación exige emplazar a todos los afectados para evitar que la Administración alegue defectos procesales en el futuro
Vox ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Supremo para evitar que la Administración pueda anular en el futuro la sentencia sobre las nacionalizaciones derivadas de la ley de nietos. La formación, a través de su abogado Jorge Buxadé, pide que se emplace ahora a todos los potencialmente afectados —tanto los ya inscritos en el CERA como los que esperan entrar— para que puedan defender sus derechos y cerrar así una posible vía de nulidad.
El escrito, firmado por Buxadé —vicepresidente de Acción Política de Vox—, se basa en el artículo 49 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La formación advierte del «riesgo cierto» de que las Administraciones —como la Junta Electoral Central (JEC) o los ministerios de Presidencia y Exteriores— puedan alegar en el futuro la falta de emplazamiento de los afectados para impugnar la sentencia. Según Vox, esto supondría un «abuso procesal» que el Supremo debe evitar desde ahora.
La ley de nietos, aprobada en 2022, permite la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Hasta ahora, más de 333.000 personas se han inscrito en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), aunque el Tribunal Supremo está revisando su validez. El escrito de Vox busca blindar el proceso para que la Administración no pueda alegar después un defecto en los emplazamientos, algo que dependería precisamente de su propia actuación.
La formación también solicita suspender temporalmente el procedimiento principal mientras se notifica a los afectados, aunque sin afectar a las medidas cautelares ya dictadas. El objetivo es que el Supremo cuente con un listado actualizado de quienes han obtenido la nacionalidad por este cauce y aún no están inscritos en el censo. Según el escrito, esto evitaría que la Administración «alegue su propio incumplimiento» como motivo de nulidad.
El movimiento de Vox cambia el enfoque del debate: ya no se centra en el fondo de la ley, sino en evitar un recurso técnico que podría anular la sentencia. La estrategia busca anticiparse a una posible maniobra procesal, algo que la formación considera un «riesgo real» para la estabilidad del proceso.
