Ione Belarra y Verónica Martínez acusan de «inacción calculada» y piden investigar al Defensor del Pueblo por rechazo de autonomías a menores
Sumar ha tachado de «inaceptable» el plazo hasta final de año que dio Pedro Sánchez para resolver la crisis migratoria en Ceuta, desatada tras la llegada masiva de 80.000 personas irregulares el 30 de julio. Su secretaria general, Ione Belarra, calificó la situación de «crisis humanitaria provocada» y advirtió que los presupuestos generales del Estado podrían convertirse en «una precampaña electoral» para tapar el fracaso.
Belarra acusó al Gobierno de «inacción calculada» y propuso que la solución —trasladar a los migrantes a la Península— podría haberse aplicado en «24-48 horas». La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, anunció que recurrirán al Defensor del Pueblo para investigar el rechazo de algunas comunidades autónomas a acoger a menores migrantes, mientras el diputado Alberto Ibáñez (Compromís) advirtió: «Si el plan del Gobierno es que esto termine a finales de año, puede que su Gobierno acabe antes».
La crisis, que dejó a Ceuta con capacidad colapsada, ha generado tensiones políticas. Mientras el Gobierno insiste en un plazo hasta diciembre, Sumar exige medidas urgentes, como el traslado de menores y personas con derecho a asilo. La diputada Tesh Sidi criticó que el plazo de Sánchez no resolverá el «miedo» ni la «vulnerabilidad» de la ciudad autónoma, y culpó directamente a Marruecos de usar la migración como «ariete político».
El debate también llegó a la teoría del chantaje de Marruecos al Gobierno español, mencionada por el PNV. Aunque la candidata de Podemos a las generales, Irene Montero, no descartó su posible veracidad, Belarra matizó que las sospechas surgen de la «falta de transparencia» del Ejecutivo al proteger a Rabat. «¿Por qué se empeñan en que Marruecos no tenga nada que ver?», cuestionó.
El conflicto refleja la división entre el Gobierno —que busca una solución gradual— y la oposición, que exige acción inmediata. Mientras, Ceuta sigue en emergencia, con recursos públicos al límite y una población local que denuncia abandono. La presión política crece: si no hay avances, el plazo de Sánchez podría convertirse en un plazo electoral antes de lo previsto.
