La coalición acusa a Marruecos de usar la migración como arma y amenaza con llevar el caso al Defensor del Pueblo por el bloqueo autonómico
Sumar ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dilatar «demasiado» la solución a la crisis migratoria en Ceuta y ha exigido este martes trasladar a los menores no acompañados a la Península antes de fin de año. La diputada de Más Madrid Tesh Sidi advirtió en rueda de prensa que el plazo marcado por el Ejecutivo —que ya alertó de que la situación podría prolongarse hasta diciembre— «no es suficiente» para restaurar la normalidad en la ciudad autónoma, donde el miedo y la vulnerabilidad persisten desde el 30 de julio, cuando llegaron más de 10.000 migrantes en menos de 24 horas.
La coalición, que denuncia una «inacción calculada» del Gobierno, ha anunciado que recurrirá al Defensor del Pueblo para investigar el bloqueo de varias comunidades autónomas —especialmente las gobernadas por el PP— a la acogida de menores, algo que considera «contrario a la ley y a los derechos humanos». Según la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, estas administraciones «se niegan a cumplir con su obligación legal», mientras el Gobierno alarga la crisis con soluciones «temporales e indignas», como alojar a personas en condiciones precarias durante meses.
El conflicto escaló cuando el PP propuso retirar la nacionalidad a migrantes que cometan delitos graves, una medida que Sumar tachó de «agenda racista». Su diputado Alberto Ibáñez cuestionó la coherencia de esta propuesta, preguntando si el PP también revocaría la nacionalidad a Juan Carlos I, nacionalizado español y condenado por delitos graves. Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó a Marruecos de «utilizar a la población migrante como arma arrojadiza» y propuso abrir vías legales de visado en embajadas españolas en África y Marruecos para desactivar este «chantaje».
La crisis, que ya ha dejado a Ceuta con capacidad colapsada y a sus habitantes en «situación complicadísima» —según la diputada de Compromís, Águeda Micó—, ha desatado una «competición por generar odio» entre el PP y Vox, según Sumar. Además, la coalición denunció que el presidente de Ceuta, José Ignacio Morales, adjudicó dos contratos millonarios para la gestión de menores a familiares de sus cargos de confianza, lo que agrava la percepción de «opacidad» en la gestión de la emergencia.
El Gobierno, por su parte, mantiene que la situación se resolverá antes de fin de año, aunque fuentes de Sumar advierten: «Si su plan de contingencia pasa porque esto termine a finales de año, quizás su gobierno acabe antes». La tensión política crece mientras la UE, acusada de hipocresía por financiar a Marruecos para frenar la migración, sigue sin adoptar medidas contundentes.
