La propuesta de Bruselas prevé retirar las ayudas a los mayores de 65 años en 2032, un grupo que suma el 41% de los perceptores en España
Fernando Adell, presidente de Asaja Córdoba, exigió este martes retirar el plan europeo que pretende excluir de las ayudas a los agricultores que alcancen la edad de jubilación. La Comisión Europea ha planteado este veto dentro del marco de la Política Agraria Común para el periodo 2028-2034. Bruselas pretende reorientar los fondos hacia quienes tienen la agricultura como actividad principal. Según este diseño, los jubilados dejarían de cobrar estas ayudas a más tardar en 2032.
El representante agrario andaluz alertó del fuerte impacto de esta medida. Las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura muestran que 272.240 beneficiarios superan actualmente los 65 años. Este colectivo representa cerca del 41% de las 665.366 personas físicas registradas con datos válidos en España. Retirar los fondos por criterio de edad dejaría fuera a cuatro de cada diez perceptores actuales en el campo.
La organización profesional defiende la continuidad de los mayores en la gestión directa de las tierras. En numerosas explotaciones familiares, los titulares veteranos mantienen el negocio mientras facilitan una transición paulatina a sus herederos. La entidad agraria apoya fomentar la entrada de jóvenes en el sector. Sin embargo, Adell rechazó que el relevo generacional deba castigar a quienes conservan fincas activas tras décadas de cotización laboral.
La advertencia de Asaja Córdoba interpela de forma directa al Gobierno de España. Sus representantes reclaman a la delegación española firmeza en las negociaciones comunitarias para blindar a los titulares jubilados. Los agricultores afrontan este debate mientras el campo asume mayores exigencias digitales que complican el relevo natural en las zonas rurales.
El colectivo profesional sumó además su rechazo a la obligatoriedad del cuaderno de campo digital por la carga burocrática impuesta. La organización andaluza considera contradictorio exigir trámites telemáticos avanzados a titulares de edad avanzada mientras Bruselas diseña su exclusión del sistema de pagos.
