El Gobierno reconoce que quedan 2.100 menores no identificados y 5.300 retornos voluntarios desde agosto, pero la playa de Benítez se convierte en nueva ‘Lampedusa’ con agresiones y robos entre migrantes
La playa de Benítez, en Ceuta, ha pasado de tener una decena de tiendas de campaña a más de 100 chabolas en solo una semana, según testimonios de migrantes como Brahim, quien lleva 50 días viviendo allí. La expansión de este nuevo foco —a menos de 500 metros de la desaladora— contrasta con los 4.300 plazas humanitarias abiertas y los 5.300 retornos voluntarios registrados desde agosto, cifras que el Gobierno considera suficientes. Sin embargo, fuentes policiales admiten que los expedientes de asilo o expulsión avanzan a 75 diarios —la mitad de lo previsto—, mientras que la ministra de Infancia, Sira Regó, reconoció el pasado fin de semana que 2.100 menores migrantes siguen sin filiar.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer que los triajes en el centro temporal de extranjeros (CATE) funcionan a «velocidad de crucero», con 100 policías —incluidos agentes de Frontex— trabajando al límite legal. Pero la ley exige expedientes individualizados para cada migrante, lo que frena el ritmo: solo se han abierto 1.800 desde el inicio de la crisis, cuando el Gobierno prometía llegar a 100 diarios. Mientras, en Benítez, los testimonios de agresiones —como el palo en la cara a Abderramán o el navajazo a Adnan (17 años)— revelan una realidad de violencia entre grupos rivales, con robos y «raves» nocturnas donde circula alcohol y Rivotril.
El problema va más allá de la capacidad de acogida: el Gobierno calculaba que quedaban 2.500 migrantes en Ceuta el 1 de agosto, pero las dos «Lampedusa» (la playa del Trampolín y ahora Benítez) demuestran que la cifra real supera los 6.000. Aunque Migraciones promete habilitar 6.000 plazas temporales «en las próximas fechas», Brahim advierte: «Si no hay soluciones, buscarán venganza». Su grupo de WhatsApp alerta además de que la Policía acelera las expulsiones, lo que aumenta el miedo a denunciar heridas como las de Adnan, atendidas solo por Cruz Roja por temor a ser deportado.
La crisis refleja un desajuste entre las promesas del Ejecutivo y la realidad en el terreno. Mientras el Gobierno insiste en que los retornos voluntarios (5.300) y las plazas (4.300) son suficientes, los datos en el suelo —100 chabolas en una semana, 2.100 menores sin identificar y agresiones documentadas— dibujan un escenario de saturación. La pregunta clave es si las 6.000 plazas pendientes llegarán a tiempo para evitar que Benítez se convierta en un foco permanente de tensión.
