Borja Sémper cita datos del 112: 600 allanamientos y 1.100 intentos de intrusión en el puerto, frente a 67 en 2025. Feijóo viajará a Bruselas y Ceuta para presionar a la UE
Ceuta vive una crisis de inseguridad sin precedentes tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, según datos del servicio de emergencias 112 que el PP ha hecho públicos este lunes. En agosto, la ciudad autónoma registró 600 avisos por allanamientos de morada y más de 1.100 intentos de intrusión en el puerto —cifras que contrastan con los 10 y 57 casos del mismo mes de 2025—. Además, las urgencias hospitalarias atendieron una media de 300 pacientes diarios, triplicando la cifra previa a la crisis.
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, calificó la situación de «esperpento» y rechazó la versión del Gobierno, que tacha la alarma ciudadana de «percepción subjetiva». «¿Estamos hablando de la inseguridad que sufren más de 80.000 españoles y la respuesta es que la acepten?», preguntó, acusando al Ejecutivo de normalizar la crisis. El PP exige desplegar más efectivos policiales y militares, y rechaza tanto el traslado de migrantes a la Península como la falta de responsabilidad política desde el 30 de julio.
La estrategia del partido pasa por «europeizar» el conflicto. Este jueves, Alberto Núñez Feijóo se reunirá con el comisario europeo de Migraciones, y el próximo lunes viajará a Ceuta acompañado de eurodiputados populares para presionar a Bruselas. Será su cuarta visita a la ciudad desde la crisis, en un intento por convertir el problema en una prioridad de la UE. El Gobierno, por su parte, no ha asumido públicamente responsabilidades, limitándose a destituir a dos funcionarios como «chivos expiatorios», según criticó Sémper.
Ceuta, ciudad autónoma con estatus de frontera europea, depende de acuerdos bilaterales con Marruecos para su seguridad. Su población, mayoritariamente de derechas, ha multiplicado las protestas contra la gestión central, mientras el PP apunta a que la crisis podría tener «consecuencias graves» para España si no se actúa. La última cifra oficial del Ministerio del Interior sitúa en 22.000 los migrantes llegados irregularmente desde el 30 de julio, aunque organizaciones como Cepaim elevan la estimación a 30.000.
