Óscar López y Óscar Puente vinculan decisiones judiciales con intereses del PP y Vox, mientras el Tribunal Supremo advierte contra atribuir motivaciones políticas a magistrados
Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advirtió el pasado jueves sobre la «extraordinaria gravedad» de atribuir propósitos políticos a jueces. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado sus críticas contra la Justicia, acusándola de actuar en favor de la derecha para derrocar al Ejecutivo. Dos ministros —Óscar López, de Transformación Digital, y Óscar Puente, de Transportes— han vinculado decisiones judiciales concretas con intereses partidistas, en declaraciones emitidas este lunes en TVE.
López, en una entrevista matutina, calificó a algunos magistrados de «salva patrias» y aseguró que «hacen lo imposible para derrocar a este Gobierno», incluso actuando contra leyes aprobadas en el Parlamento, incluyendo apoyos del Partido Popular (PP). «A mí no me va a sacar nadie de la cabeza el grito de Aznar de que quien pueda hacer que haga», declaró, refiriéndose a la frase del expresidente que instaba a la movilización contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro insistió en que «hay sectores judiciales que se empeñan en tumbar al Gobierno todos los días».
Por su parte, Puente justificó los ataques del Ejecutivo al argumentar que los socialistas «no se van a poner una venda y una mordaza» ante jueces que, según su versión, «hacen política» y actúan a favor del PP y Vox para «facilitar su llegada al Gobierno». El ministro de Transportes sostuvo que existen decisiones judiciales que «hablan por sí solas» sobre la «intencionalidad política» detrás de ellas.
El Gobierno ha centrado su estrategia en la polémica por la llamada «ley de nietos», una normativa que concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados republicanos. Aunque el PSOE votó en contra de una enmienda de Ciudadanos para ampliar el alcance a todos los descendientes de españoles —y no solo a los de exiliados—, ahora acusa al Tribunal Supremo de perseguirlo. López tachó de «salvajada» y «atropello democrático» la suspensión cautelar del voto de quienes fueron nacionalizados bajo esta ley sin demostrar su vínculo con exiliados. Puente, por su parte, argumentó que el Supremo «no es competente» para intervenir en una ley y una instrucción que, según su versión, desarrollan un derecho fundamental.
El contexto legal: ¿Qué dice la ley de nietos y qué ha decidido el Supremo?
La «ley de nietos», aprobada en 2022, permite la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sin embargo, una instrucción posterior —impulsada por el Gobierno— amplió su aplicación a otros casos, generando controversia. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de quienes obtuvieron la nacionalidad sin demostrar su conexión con exiliados, una medida que el Gobierno interpreta como un ataque político.
El conflicto se agrava porque el PSOE votó en contra de la enmienda de Ciudadanos que buscaba extender la ley a todos los descendientes de españoles, no solo a los de exiliados. Ahora, sin embargo, el Gobierno acusa a la Justicia de perseguirlo por una interpretación estricta de la normativa. La decisión del Supremo se enmarca en un debate sobre la competencia judicial para revisar instrucciones administrativas que amplían el alcance de una ley.
¿Por qué el Gobierno vincula estas decisiones con el PP y Vox?
El Ejecutivo socialista apela a un patrón de decisiones judiciales que, según su narrativa, benefician a la derecha. López y Puente han citado casos concretos —como sentencias contra corrupción o medidas de seguridad— para sostener que la Justicia actúa en clave política. Sin embargo, estos argumentos chocan con advertencias previas del CGPJ, que ha recordado en múltiples ocasiones que los jueces deben actuar con independencia y que atribuirles motivaciones partidistas es inaceptable.
El PP y Vox, por su parte, no han reaccionado directamente a estas acusaciones, pero su silencio podría interpretarse como una estrategia para no alimentar el debate. Mientras, el Gobierno busca movilizar a su electorado republicano y de izquierdas, presentándose como víctima de una Justicia supuestamente sesgada. La cruzada contra los jueces, sin embargo, podría tener efectos contraproducentes: expertos en derecho constitucional advierten de que atribuir intenciones políticas a magistrados debilita la credibilidad de las instituciones.
La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya advirtió el jueves pasado sobre los riesgos de politizar la Justicia. Sus palabras, dirigidas al Gobierno, han sido ignoradas. Ahora, el Ejecutivo ha escalado el tono, pero el riesgo de una escalada sin precedentes en la relación entre el poder político y judicial sigue latente.
El origen del conflicto se remonta a la tramitación parlamentaria de la ley: el PSOE rechazó la enmienda de Ciudadanos que habría concedido la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, no solo a los de exiliados. Posteriormente, el Gobierno amplió el texto mediante una instrucción administrativa, lo que ahora el Tribunal Supremo considera que excede el marco legal. Esta maniobra legislativa, según los críticos, es la raíz del problema que el Ejecutivo atribuye a una supuesta persecución judicial.
La suspensión cautelar del voto de los nacionalizados bajo esta ley afecta a un derecho fundamental, como ha subrayado Óscar Puente, quien cuestiona la competencia del Supremo para revisar una instrucción que desarrolla una ley. El Gobierno insiste en que la decisión judicial responde a una intencionalidad política, mientras el CGPJ reitera que los jueces deben actuar con independencia y que atribuirles motivaciones partidistas es inaceptable.
